El legislador porteño Gabriel Fuks (FpV) se sumó a las críticas hacia el nuevo protocolo de seguridad presentado por el Gobierno nacional. Para el diputado “estas medidas conducen a la represión del conflicto social”.

Además, expresó su preocupación porque el nuevo digesto “no incluye una expresa prohibición del uso de armas letales” y advirtió “el abandono de las doctrinas democráticas que en los últimos 12 años incorporó la Policía Federal”.

Fuks también dijo que el traspaso de la PFA a la Ciudad, junto con la presentación del nuevo protocolo “son medidas que sólo pueden conducir hacia un único camino: reprimir, contener y esconder el conflicto social que generan las medidas económicas impulsadas por el Gobierno nacional”.

“Este nuevo digesto no contempla el principio de legalidad, oportunidad, y gradualidad del accionar represivo. El tema central, que muestra la cara -por lo menos-, antidemocrática de este protocolo es que no incluye de manera expresa, la prohibición del uso de armas letales para la contención de la protesta social, como contemplan los países más avanzados”, agregó.

Y continuó: “ ‘Otra cualidad’ coloca la decisión de reprimir el conflicto en manos del oficial a cargo de las fuerza de seguridad actuante, transformando a estos en amos y señores de las calles, dejando de lado al Poder Judicial”.

En tanto, el legislador manifestó que en el caso de la transferencia de la fuerza federal “los nuevos agentes se incorporan a la Ciudad con este protocolo irracional e inconstitucional, dejando de lado una experiencia de 12 años de trabajo que trató de dejar atrás la doctrina de seguridad nacional”.

“Este protocolo ya generó fuertes rechazos, algunos gobiernos provinciales aseguraron que no lo tendrán en cuenta, y desde amplios sectores de la política, la cultura, los gremios y hasta las propias organizaciones profesionales de periodistas, crece el rechazo”, expresó.

Finalmente, Fuks señaló: “pareciera que los tiempos les corrieran en contra y se muestran apresurados por su aplicación. Inexorablemente este camino nos conduce por los peores momentos vividos en los últimos 50 años. El gobierno debe replantear esta medida”.