En los últimos tiempos se han hecho conocer diversos casos en los que se ha intentado impedir la práctica del aborto que habilita el Código Penal, llevando a las mujeres muchas veces a ser intervenidas de manera ilegal con el peligro para la salud que esto conlleva.

Teniendo en cuenta esto que considera una “injusticia”, la diputada Diana Conti propone establecer por ley nacional el protocolo para la atención de abortos no punibles, en un proyecto que fue acompañado por sus compañeros de bancada Carolina Gaillard, Lautaro Gervasoni, Martín Doñate, Mayra Mendoza, Omar Plaini, Nilda Garré y Juliana Di Tullio, y diputados de otros bloques.

Conti expresó que “no podemos mirar para el costado cuando son cada vez más las mujeres víctimas de la falta de un marco legal que establezca los procedimientos médicos que garanticen el acceso al derecho del aborto no punible y el cuidado a la salud. Las víctimas son reales, y son en gran número quienes ocupan nuestros sectores más vulnerables y desposeídos de la sociedad”.

En su artículo primero, el protocolo nacional para casos de aborto no punible detalla que la finalidad del mismo es “establecer el procedimiento para la interrupción de la gestación en los casos de aborto no punible enunciados en el Código Penal de la Nación que se realicen en todos los establecimientos de salud de la República Argentina garantizando el acceso oportuno y en condiciones de igualdad”.

Por otro lado el proyecto busca que el Estado Nacional se haga cargo de las interrupciones, a través del Ministerio de Salud, en lo que respecta a la coordinación y el arbitraje de los medios para quienes se realicen el aborto en los términos que establece el Código Penal de la Nación, y por su parte que sean médicos habilitados quienes hagan los estudios pertinentes y las intervenciones, todo en pos de la salud de la mujer.

“Es importante reconocer el problema ya que constituye otra forma de violencia contra la mujer que debe ser respondida con total responsabilidad y así mismo regular en un criterio unívoco los distintos pasos a seguir en estas situaciones a fin de proteger con mayor efectividad a las mujeres víctimas de violación, sin importar su capacidad, sin exigir autorización judicial ni denuncia policial en ningún caso y que el único requisito para practicar el aborto sea una declaración jurada. Evitando procedimientos administrativos o períodos de espera que retrasen innecesariamente la atención disminuyendo la seguridad de las prácticas, articulando mecanismos rápidos que permitan resolver los desacuerdos que pudieran existir, ya sea, entre profesional interviniente y paciente o con su representante legal”.

Si bien los profesionales médicos pueden ser objetores de conciencia ante el aborto no punible éstos deben informarlo al establecimiento médico, cuya dirección deberá proveer permanentemente médicos dispuestos a practicar los abortos no punibles.