Al inicio de la sesión, varios diputados del kirchnerismo presentaron cuestiones de privilegio con motivo de atentados contra locales partidarios registrados a principios de este mes y responsabilizaron al Gobierno nacional por haber creado las condiciones de esos episodios.

La primera en hablar del tema fue la diputada camporista Fernanda Raverta, quien recordó que el 5 de marzo pasado la unidad básica Néstor Kirchner de La Cámpora en la ciudad de Mar del Plata fue blanco de cinco disparos de Itaka. “Esto no había pasado nunca, al menos desde que tengo memoria, en la ciudad de Mar del Plata”, remarcó, para destacar luego que el mismo día hubo un ataque a balazos contra un local de Nuevo Encuentro en el barrio de Villa Crespo, de esta capital.

“¿Qué cambió? ¿Qué fue lo que cambió si hasta hace poquito no teníamos que lamentar este tipo de episodios?”, se preguntó, atribuyendo la respuesta al “clima de odio y revanchismo que está construyendo el Gobierno de Cambiemos desde que asumió. Contra lo que nos planteaban en campaña, vienen redoblando esfuerzos en la construcción de un sujeto negativo”.

Raverta luego se quejó por “la negación de la política como instrumento de la democracia” que, dijo, “recuerdan a las peores épocas de nuestro país”. Mencionó referencias de autoridades nacionales a “la grasa militantes para justificar los miles de despedidos en la administración pública”, y citó también casos como la represión a la murga en el Bajo Flores, a los trabajadores de Cresta Roja y a trabajadores bancarios el 1° de marzo, entre otros casos. “Los grupos violentos encuentran en semejante estigmatización la excusa perfecta para actuar de manera criminal”, alertó, y enfatizó diciendo que a días de cumplirse el aniversario del “peor golpe que la historia recuerde”, estos hechos podrían ser “el inicio de una nueva etapa de violencia e intolerancia”. En este caso, agregó, con “la juventud militante como enemigo de la sociedad”.

A continuación, la diputada de Cambiemos Elisa Carrió rechazó que esa pudiera ser una cuestión de privilegio viable. Rechazó que esos hubieran sido los primeros casos de violencia política, y como ejemplos recordó “cuando el ministro De Vido pidió mi detención, y nunca se me ocurrió plantear una cuestión de privilegio por eso. Recuerdo nuestros locales quemados…”. Aseguró que eso no ameritaba cuestiones de privilegio, pues para ello “están las vías judiciales”, ante lo cual sugirió que se las declarara “inadmisibles”.

Amén de ello, el diputado kirchnerista Hernán Grana también recordó el atentado registrado en Villa Crespo contra un local del partido que él integra y justificó las cuestiones de privilegio recordando que “es una forma de amedrentar a los diputados”, ante lo cual pidió “terminar con esta escalada de violencia verbal que pone a la militancia como sujeto posible de estos atentados”.

Planteó además que “la justicia rápidamente aclare esto, porque las dudas que generan estas acciones necesitamos que sean rápidamente esclarecidas. Estos no son solamente episodios aislados y tienen que ver con esta escalada verbal”.

A continuación, el también kirchenrista Remo Carlotto recordó otro episodio de “extrema gravedad” sucedido el pasado 5 de marzo, en referencia al allanamiento del domicilio de los padres de Facundo Ballesteros, concejal del Frente para la Victoria en San Andrés de Giles del FpV. Consideró ese allanamiento “un operativo absolutamente exagerado, con un agravante tal vez más profundo, que en la solicitud se requería información respecto de la militancia política de los habitantes de esa vivienda”.

Señaló luego que los atentados mencionados por los diputados que lo habían antecedido “deben ser para nosotros un profundo llamado de atención del clima que se está generando en la Argentina de violencia política”. Y le apuntó al primer mandatario, advirtiendo que “no se puede buscar estigmatizar, perseguir, aplicar acciones de características revanchistas, que después tienen consecuencias”. Y comparó esos hechos con los “atentados a nuestras viviendas en otro período, otra época”. Como entonces, agregó, “buscar atemorizar a la población, a la representación política, y debe ser repudiado por la Cámara en su conjunto”.