Sin dudas, el acuerdo con los holdouts que recibió media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación tiene relevancia histórica; la resolución que pretende el gobierno de Mauricio Macri puede condicionar el futuro de varias generaciones de argentinos.

El debate sobre la “Ley de Normalización de la Deuda Pública y Acceso al Crédito Público”, que continuará estos días en el Senado, representa una doble amenaza: por un lado, un juez extranjero que cree tener la atribución de ordenar al Parlamento argentino la derogación de dos leyes, la Ley Cerrojo y de Pago Soberano, en una muestra de extralimitación inaceptable. Por otro, en el ámbito interno, el actual Presidente de la Nación amenaza planteando una falsa dicotomía entre la salida del endeudamiento o el camino del ajuste y la hiperinflación, apelando a lo peor de los fantasmas económicos del pasado.

Esto se da por una razón evidente: el gobierno no tiene plan B, su única estrategia de política económica es el endeudamiento. No quiere o no puede considerar otras estrategias posibles que tengan en cuenta el desarrollo productivo del país y el fortalecimiento del mercado interno.

Este proyecto que proponen convertir en ley constituye un verdadero cheque en blanco. Se han realizado acuerdos individuales con los distintos acreedores, a los que se les han ofrecido quitas diferenciales de acuerdo al poder de presión de cada uno. En esta lógica, los más favorecidos han sido los Fondos Buitres y el fondo NML Elliott de Paul Singer entre ellos, que ha recibido el menor nivel de quita, además de una cláusula especial para que se le pague primero a dicho fondo y luego al resto.

Esta situación de inequidad entre acreedores genera el peligro futuro de activación de nuevos litigios a través de la cláusula Pari Passu, es decir, que los acreedores menos favorecidos demanden al país solicitando “igual trato”. Esta situación se agrava cuando se la extrapola al 93% de los bonistas que ingresaron en los Canjes de Reestructuración de Deuda en 2005 y 2010. De esta forma, el país podría recibir demandas futuras por entre USD 200.000 y USD 500.000 millones, lo que no solo haría caer todo el proceso de reestructuración anterior sino que transformaría la deuda externa en impagable.

Pero además, y contrariamente a lo que se dice, debe considerarse que los acuerdos celebrados entre el gobierno actual y los holdouts no representan ni cercanamente una solución definitiva a este problema, dado que alcanzan a solo el 3.5 % de los acreedores que no ingresaron a los Canjes, mientras que el otro 3.5 % aun no se ha presentado. Es plausible pensar que estos últimos se encuentren esperando para litigar en condiciones futuras más ventajosas.

Además, con este proyecto de ley, Argentina defrauda la confianza que le depositaron 136 países en el seno de las Naciones Unidas votando un Nuevo Marco para la Reestructuración de Deudas y convalida las estrategias depredatorias de los Fondos Buitre.

El pago de la deuda debe darse en el marco de un proyecto superador, que defienda la soberanía nacional, que ponga a la economía al servicio de los derechos y no del capita financiero. Debemos seguir honrando nuestros compromisos pero no a costa de hipotecar el futuro de los argentinos, de nuestros hijos y de nuestros nietos.

Carlos Castagneto

Diputado Nacional Frente para la Victoria