El primero en señalar el rumbo, de buscar impunidad para los represores de la dictadura, fue el diario La Nación, que apenas llegado Macri a la presidencia, publicó explícita columna de su director Escribano. A partir de allí se redoblaron las notas en múltiples medios, buscando reponer la enterrada teoría de los dos demonios; apuntando con ello al mismo objetivo: si uno de los supuestos demonios, los antiguos guerrilleros, estaban en libertad, porqué continúan presos los militares que instalaron la barbarie en nuestro país. Ocultando por supuesto, que estos últimos son juzgados y/o están en prisión por crímenes de lesa humanidad que ninguna guerra acepta ni permite (detención, tortura y posterior desaparición de opositores políticos, robo de bebés a las madres en cautiverio que luego asesinaban, terrorismo de Estado en definitiva), como fue señalado en el juicio a las Juntas de 1985.

Poco tiempo después Darío Lopérfido, funcionario de Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires, salió a cuestionar la cifra de los desaparecidos, con el inocultable objetivo de desprestigiar a los organismos de derechos humanos y su lucha en contra de la impunidad de los represores. Esto, el intento de desprestigiarlos, ya había sido iniciado por Macri en su campaña cuando dijo que los derechos humanos eran un “curro”, buscando englobar con ello a todo el movimiento por la conducta de alguna de sus dirigentes.

Llegó ahora este aniversario del golpe, el simbólico número 40, con el presidente de los EEUU visitando nuestro país. Muy probablemente no por voluntad de Macri, a quién seguro no le habrá gustado tener que ir a homenajear al Parque de la Memoria a los que anda buscando poner como demonios, sino del propio Obama y sus intereses políticos.

La respuesta de la sociedad, que entrevió en la presencia del norteamericano y el trato que le endilgo a nuestro presidente de derecha, el riesgo cierto de retroceso en la búsqueda de memoria, verdad y justicia, fue notable. Hay que remontarse a las marchas contra el indulto en los años ‘90, para recordar una manifestación tan masiva como la del jueves pasado. No solo en la Capital Federal, donde fue inmensa, seguramente superando las 300.000 personas, sino en el resto de las ciudades del país.

Fue esta expresión ciudadana un golpe directo a la sutil estrategia del macrismo, de intentar lavarle la cara a los responsables de la barbarie y ensuciárselas a quienes los enfrentaron para, a partir de ello, buscar alguna forma de impunidad de los represores, como lo exigía la editorial de La Nación. Una enorme mayoría de los argentinos -ese fue el inequívoco mensaje- está en contra de la estrategia de la nueva derecha hoy en el gobierno, respecto de los dictadores.

De todas maneras debemos estar alerta. El barco del proyecto de impunidad quedó seriamente averiado, pero no está hundido en las profundidades del basurero de la historia. Una y otra vez los poderosos de aquí y de afuera lo vuelven a promover. Empezaron con la ley Nº 22.924 de autoamnistía del General Bignone, apoyada por parte significativa de la cúpula política de ese entonces; entre ellos Italo Luder, candidato presidencial del Justicialismo en 1983. Siguió luego con el apriete carapintada a Alfonsín para que dictara las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Continuó mas tarde con los indultos de Menem. Este, ahora, mas encubierto, del macrismo, es el cuarto intento de lograrlo.

Son persistentes los de la derecha, en la defensa de aquellos que les hicieron el trabajo sucio para beneficiarlos. Hay que impedir que terminen impunes, sin rendir sus cuentas ante la sociedad que sojuzgaron y agraviaron.