La norma buscará paliar el déficit existente y tiene como objetivo agilizar los trámites administrativos para realizar obra pública en la provincia de Buenos Aires.
La Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires sancionó el proyecto de ley que declara por un año la emergencia de infraestructura, hábitat, vivienda y servicios públicos del territorio bonaerense. El proyecto contó con el acompañamiento de los 16 senadores de Cambiemos, los 3 aliados y los 9 del Frente Renovador. En cambio lo rechazaron los bloques del FpV, Justicialista y PJ Néstor Kirchner.
La norma buscará paliar el déficit existente y permitir la realización de las acciones tendientes a la promoción del bienestar general de los bonaerenses.
La ley autoriza a todos los ministerios, secretarías y entidades autárquicas, a ejecutar las obras y contratar la provisión de bienes y servicios, cualquiera sea el modo de la contratación.
Se incluyen, asimismo, los convenios de colaboración con organismos provinciales o nacionales, municipios, consorcios de gestión y cooperativas.
A ese fin, se podrán usar normas de excepción previstas en decretos, leyes, de contabilidad, obras públicas, expropiaciones, compras y contrataciones, pudiendo eximirse además del decreto ley relacionado con el Consejo de Obras Públicas.
Esos ministerios y demás organismos quedan exceptuados de publicar en el Boletín Oficial, pero difundirán en el sitio Web que determine la reglamentación de la ley, u otros órganos de publicidad.
Previo a la adjudicación de los contratos y por única vez en el proceso de contratación, el ministerio, secretaría o entidad autárquica, deberá dar cuenta de su actuación a los organismos de asesoramiento y control.
La Contaduría General, Asesoría General y Fiscalía, expedirán sus dictámenes en un plazo máximo de 7 días. Podrá requerirse su intervención simultánea remitiendo copia certificada del expediente a cada uno de esos entes provinciales.
Si esos organismos no remiten sus informes en el plazo fijado se entenderá que no existen objeciones, quedando el funcionario autorizado para continuar el trámite.
Se determina, asimismo, que todo procedimiento de contratación queda exceptuado también de la intervención obligatoria del Consejo de Obra Pública, salvo en lo que se refiere a su dictamen técnico de los proyectos de obra.
Ministerios y demás entes podrán rescindir, renegociar, aumentar o bajar, hasta un 35 por ciento de las prestaciones y montos ofertados en los contratos por el contratista particular.
Asimismo, la ley prevé la creación de una Comisión Bicameral de seguimiento, fiscalización y control de la norma en rigor, compuesta por tres diputados y senadores, designados por los presidentes de Diputados y del Senado.
Ese organismo parlamentario deberá ser informado en forma bimestral por el Ejecutivo, y podrá pedir la información que estime necesaria y practicar observaciones, propuestas y recomendaciones sobre los procedimientos, contrataciones, obras y demás acciones que se encaren, con el fin esencial de evitar la “cartelización” empresarial en materia de obra pública.
