Más de 20 especialistas y representantes de organizaciones civiles exponen este martes sobre el proyecto de ley de acceso a la información pública ante la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que preside Pablo Tonelli (Pro).

La audiencia pública comenzó pasadas las 14 en la sala de reuniones del segundo piso del Anexo de la Cámara, luego de que la iniciativa fuera defendida por el secretario de Asuntos Políticos del Gobierno, Adrián Pérez, la semana pasada.

La intención del oficialismo es firmar dictamen favorable este mismo jueves, para tratarlo, en principio, en la sesión del próximo miércoles 4 de mayo.

El proyecto reúne gran consenso entre los bloques parlamentarios, dado que la ley para garantizar a todos los ciudadanos el acceso a la información pública es una vieja deuda del Parlamento.

Exposiciones

Aunque celebró el tratamiento de una ley de acceso a la información, la coordinadora del Programa de Derecho de Internet y de Tecnologías de las Comunicaciones de la Universidad de San Andrés, Paula Vargas, criticó diversos aspectos del proyecto del Ejecutivo y ponderó la iniciativa de la diputada Karina Banfi (UCR).

Así, señaló que la “letra fina” del proyecto “restringe el gobierno abierto” y que posee una “definición restrictiva” de lo que significa información pública. También consideró que la iniciativa oficial “aumenta la posibilidad de litigio” por la forma ambigua en la que define quién puede declarar como confidencial una información.

Además cuestionó que “si no hay obligación de conservar información, no hay obligación de entregarla”, ante lo cual afirmó: ” Lo veo como una trampa”.

A continuación, Marcela Basterra, doctora en derecho de la UBA y representante de la Fundación REAL, aseguró que la propuesta “pasa el test más exigente de constitucionalidad”, aunque opinó que ” se puede mejorar “.

Organismos públicos

Nestor Baragli, director de Planificación de Políticas de Transparencia de la Oficina Anticorrupción, junto a la subdirectora, Laura Geler, y Mora Kantor, asesora de Laura Alonso.

Manuel Terrádez, subsecretario de Reforma política de la Provincia, junto a Mercedes Joury, directora provincial de Reforma Política, y Lucía Blotta, directora de Programación y Control.

Rudi Borrmann, subsecretario de Innovación Pública y Gobierno Abierto de Presidencia de la Nación.

Marcela Basterra, doctora en Derecho de la UBA – Fundación REAL, junto a María Capatti.

Hernán Charosky, subsecretario de Reforma Política de la C.A.B.A.

ONGs

Agustin Allende, de la Asociación Civil para la Construcción de un Gobierno Abierto.

Paula Vargas, coordinadora del Programa de Derecho de Internet y Tecnología de las Comunicaciones – UDESA.

Celeste Box, de la Universidad Nacional de La Plata.

Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano.

Agustina Del Campo, directora del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información CELE.

Andrés D’Alessandro, director ejecutivo de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA).

Yamila García, directora ejecutiva de la Fundación Conocimiento Abierto, junto a Martín Sziszlican y Guido López.

Renzo Levin, codirector de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

Martín Becerra, periodista y docente de la Universidad Nacional de Quilmes, UBA y CONICET.

Gustavo Rinaldi, de la Fundación Expoterra, con Guillermo H. Marchesi.

Angelica Peralta, de La Nación Data, con Romina Colman.

Beatriz Busaniche, de la Fundación Vía Libre.

Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional, ó Paola García Rey, directora del Área de Protección y Promoción de DD.HH. de ese organismo.

María Salvatore y Natalia Aquilino, del CIPPEC.

Wanda Fraiman, de la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD), con Diego de Charras.

María Baron, de la Fundación Directorio Legislativo.

Carlos Fernando Rozen, presidente de la Asociación Argentina de Ética y Compliance (AAEC).

Ignacio Boulin, del Centro Latinoamericano de Derechos Humanos (CLADH).