A lo largo de cuatro horas, representantes de pequeñas, medianas y también grandes empresas exigieron ante un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados la exclusión del proyecto de ley antidespidos, y reclamaron incentivos para promover el empleo y la producción.

Numerosas asociaciones y cámaras que nuclean a las pymes expusieron ante las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación del Trabajo, en una reunión presidida por el titular de esta última, Alberto Roberti (Justicialista).

La ronda de consultas culminará este miércoles con la presencia del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, tras lo cual se firmarían los dictámenes, mientras gran parte de la oposición firmó un pedido para sesionar este jueves al mediodía.

En líneas generales, tanto los grandes como los pequeños y medianos empresarios se pronunciaron en contra de la ley de emergencia económica impulsada por la oposición y aprobada en el Senado.

En particular, las pymes reclamaron su exclusión de la prohibición de despidos y la doble indemnización, al considerar que agravará la crisis que atraviesa el sector la recesión económica que vincularon a la política económica del gobierno de Mauricio Macri.

En ese sentido aseguraron que la ley se vuelve una carga más y no es la herramienta adecuada para generar nuevos empleos, en medio del aumento de precios por la devaluación de diciembre, de la tasa de interés y de las tarifas, en el contexto de una baja en el consumo.

Sin embargo, los diputados opositores tuvieron que recordar una y otra vez que la ley apunta a “proteger” el empleo existente previo a la sanción de la ley y que no se aplicará a los contratos que se firmen a continuación.

Uno de los que expuso esta visión fue el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Osvaldo Cornide, quien protestó porque “no nos pueden poner al lado de esos monstruos para quienes el obrero es un número”, en alusión a las grandes empresas. Así, pidió una ley de “emergencia pymes” para ir al “núcleo” del problema y no a la “consecuencia”.

Otros invitados centraron su exposición en la supuesta falsedad de la ola de despidos. Fue el caso de Leonardo Gasparini, director del Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales (CEDLAS) y docente de la Universidad Nacional de La Plata, según el cual “ha habido alguna contracción en el empleo pero si uno mira las estadísticas, no es severa, no es diferente a coyuntura pasadas, a otras situaciones de la región” y “es posiblemente transitoria y reversible”.

Por eso, pidió “esperar algunos meses” para ver cómo evolucionan las variables macroeconómicas y “condicionar el tratamiento de la ley a la evolución de indicadores laborales objetivos”. “La emergencia ocupacional puede contribuir a consolidar expectativas de baja inversión y en consecuencia retardar la recuperación de la economía”, advirtió el economista.

En el mismo sentido se manifestó Daniel Funes de Rioja, presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) y vicepresidente primero de la Unión Industrial Argentina (UIA): “no creemos que haya una emergencia ocupacional objetiva en la industria”, manifestó.

Y agregó: “Llamamos a que pongamos el foco en la creación de empresas, en la formalización, en el entrenamiento laboral de los trabajadores”.

El más duro fue Pedro Etcheberry, de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), quien sentenció que el proyecto “no tiene fundamento real porque no existe emergencia ocupacional”. “Sí existe emergencia económica, sin ninguna duda, pero no una emergencia ocupacional”, opinó.

Etcheberry fustigó la iniciativa aprobada en el Senado al sostener que “es increíble que una ley de siete artículos tenga tantos déficit técnicos”.

“Es una ley mezquina, reduccionista, conservadora, porque sólo se preocupa de la gente que tiene empleo, ¿y qué pasa con los trabajadores en negro, con los desocupados, los excluidos?”, cuestionó.

En esta línea, dijo que “esta ley no produce ocupación; solo se preocupa por el que tiene trabajo y lo va a seguir teniendo porque se ha firmado un acuerdo para no despedir”.

También expusieron representantes de Fedecámaras, de la Confederación General Económica (CGE), de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y de la Cámara Argentina de Industria Plástica, entre otras entidades.

“Estamos en desacuerdo con la media sanción del Senado. No se protegen los salarios de los empleados pymes porque haya una ley. Por ley no se salva un empleo”, advirtieron desde la CGE, y añadieron que “las pymes tienen más dificultad para tomar personal porque no saben cómo les va a ir”. “No somos propensos a despedir”, concluyeron.

Al finalizar la reunión, en diálogo con la prensa parlamentaria, Roberti remarcó que “las pymes necesitan una reparación fiscal desde el Estado”, y celebró que en el plenario hayan estado presentes “todas las voces”.