La diputada nacional Karina Banfi, especialista en acceso a la información, transparencia y gobierno abierto, explica el objetivo y los alcances del proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados. Destaca la voluntad política de Mauricio Macri en promover la norma, y sostiene que generará “un cambio de paradigma” y una “revolución cultural”.
Por Carolina Ramos
Karina Banfi se define como “activista del acceso a la información pública”. Integró el equipo redactor de la ley modelo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y estrenó su rol de especialista en el Congreso hace algunas semanas, cuando se puso al hombro el estudio del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo.
La diputada nacional de la UCR sostiene que “esta ley es para ordenar la administración pública, para mejorar la calidad institucional y para permitir el ejercicio del derecho a la información a los ciudadanos”. “Lo importante es que genera un cambio en el paradigma y una revolución cultural, principalmente porque en las democracias contemporáneas, la información no le pertenece más al Estado, sino que le pertenece a la gente”, aseguró.
En diálogo con Parlamentario, Banfi explica quiénes son los sujetos alcanzados por la ley, cuáles son las excepciones para entregar información y cuáles las sanciones. En este sentido, celebra “que de una vez por todas en Argentina los funcionarios estén obligados a responder”, y remarca que “somos uno de los pocos países, junto con Bolivia, Venezuela y Cuba, que no tienen una ley” al respecto.
“Es fundamental la voluntad política que ha puesto el presidente Mauricio Macri en promover este tipo de normas”, concluyó la legisladora sobre la iniciativa que ahora deberá tratar el Senado para convertirse en realidad.
– ¿Qué va a cambiar en la ley con respecto a la situación actual?
– Vamos a hacer lo imposible para que Argentina tenga una ley de acceso a la información pública de una vez por todas, porque es la tercera vez que se trata en el Congreso. Lo importante es que genera un cambio de paradigma y una revolución cultural, principalmente porque en las democracias contemporáneas, la información no le pertenece más al Estado, sino que le pertenece a la gente. Esta ley regula el derecho humano de acceso a la información pública, garantizado en los tratados internacionales y en nuestra Constitución Nacional. Lo interesante es la posibilidad que le da al Estado de organizar, ordenar y clasificar la información, para entregarla a cualquier persona que pregunte sobre las cuestiones del Estado. Esta ley es principalmente para ordenar la administración pública, para mejorar la calidad institucional y para permitir el ejercicio del derecho a la información a los ciudadanos. Ahora, con el decreto 1.172 de 2003, de Néstor Kirchner, no se comprende la esencia que tiene una ley de acceso a la información pública, que es saber qué se hace con la plata de los argentinos, con la plata del erario público, del Presupuesto Nacional. Con este decreto, el Gobierno pasado sufrió siete condenas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque no entregaba información. ¿Qué pasaba? No había ninguna sanción. Esto también viene a cambiar.
– ¿Cuáles serían las excepciones para la entrega de información?
– Establecemos un régimen excepcional –que tiene que tener todo derecho, porque ningún derecho es absoluto-, que nos permite el ejercicio de la máxima publicidad, pero donde vamos a contemplar de manera exhaustiva y clara cuáles van a ser las excepciones de reserva por un tiempo determinado. Las más importantes son generales y casi todos los países tienen las mismas. Se refieren a temas de seguridad nacional donde se ponga en riesgo la vida de las personas o la seguridad pública, o, por ejemplo, cuando se trate de información de algún secreto industrial que pueda afectar el derecho a la competencia… casi siempre es cuando se ponen en tensión otros derechos que son indispensables para el desarrollo de las personas en una vida democrática. Pero en algún momento esa información se va a tener que revelar.
– ¿Cuáles van a ser los plazos para responder el pedido de información y cuáles serán las sanciones si el funcionario se niega a otorgarla?
– Son 15 días hábiles, y se va a poder solicitar la prórroga de 15 días más. Con respecto a las sanciones, se va a crear un organismo en el ámbito administrativo que va a tener capacidad sancionatoria sobre los funcionarios en caso de que obstruyan, nieguen u oculten información –no cuando no tengan la información, por supuesto-. Pero acá lo importante es la respuesta: que de una vez por todas en Argentina los funcionarios estén obligados a responder. Muchas veces la respuesta es ‘no te puedo entregar la información porque está dentro de un régimen de excepciones’; o ‘no tengo la información, la tengo que producir’; o ‘no existe esa información’; o ‘voy a tardar un poco más en los plazos’… es importante que el Estado entienda que tiene que poner a disponibilidad, de la forma más accesible, toda la información que produce. Por eso la ley también va a tener un capítulo de transparencia activa y gobierno abierto, donde los sujetos obligados pongan a disposición de manera proactiva toda la información relativa a su gestión sobre el dinero público, sin necesidad de que sea solicitada.
– Durante el debate en comisión, las organizaciones civiles pidieron garantizar la independencia de la autoridad de aplicación de la ley…
– Los diputados en general estuvieron de acuerdo con el diseño institucional que propuso el Poder Ejecutivo. Pero a partir de una campaña iniciada por la sociedad civil, seguramente haya cambios con respecto a esto para darle mayor autonomía. Lo cierto es que los diseños institucionales que tienen estos órganos garantes no son iguales en todos los países. Sí hay un standard que plantea que haya determinada independencia y autonomía, pero en la redacción de la ley modelo de la OEA fuimos claros en que no había un diseño único. Se debe adaptar a las necesidades de la administración. Tenemos que entender que Argentina tiene una deuda con respecto a los órganos de control y de garantía de derechos: no tenemos defensor del Pueblo, y la AFSCA tenía autonomía y autarquía y aun así no garantizó la independencia que la sociedad civil pide. Lo mismo en el caso del Ministerio Público: todos sabemos que (Alejandra) Gils Carbó no ha tenido un desempeño independiente con respecto al Poder Ejecutivo. La autonomía y la independencia están dadas por la idoneidad del sujeto al que vamos a poner como garante de este derecho. Es fundamental la voluntad política que ha puesto el presidente Mauricio Macri en promover este tipo de normas, que es difícil que puedan salir. De hecho, no fueron parte de la agenda del gobierno anterior. Y la oposición y la sociedad civil solos no pudieron instalar en la agenda pública esta ley. Por eso me parece muy importante que tengamos el apoyo del Poder Ejecutivo, para que Argentina salga de una vez por todas de ese grupo minoritario de países que no tienen una ley.
– ¿Esta ley alcanza a los tres poderes del Estado?
– Exacto, ese es otro gran avance y logró un gran consenso en comisiones. No todas las leyes que existen en América han podido alcanzar a los tres poderes del Estado. Nosotros somos uno de los pocos países, junto con Bolivia, Venezuela y Cuba, que no tienen ley de acceso a la información pública. Por lo tanto estaríamos teniendo una avanzada en el alcance de esta ley, hacia los tres poderes y también hacia todos los sujetos que desarrollan actividades públicas con dinero del erario público. Esto significa que alcanza a partidos políticos, a sindicatos, a universidades nacionales, a empresas con mayoría estatal y con participación minoritaria. Este un grado de avance muy importante en materia de sujetos obligados, porque va a permitir conocer mucho más qué pasa con el dinero de todos los argentinos.
