Cuando la vida social queda librada a las leyes del mercado como criterio privilegiado, el que puede pagar accede y el que no, queda excluido. Así de simple y brutal. Por eso, una sociedad o una familia son tan distintas a una empresa. En nuestra familia no echamos a nuestros hijos porque no producen, ni dejamos tirados a nuestros abuelos porque ya no son eficientes y competitivos. La sociedad y la familia, en definitiva, nuestra patria, son mucho más que la suma aritmética de sus miembros mirados desde un utilitarismo mercantilista.

Por eso, hoy asistimos con preocupación a la instalación, por parte del Gobierno de Mauricio Macri, de criterios de mercado allí donde debería haber valores y políticas que estimulen la inclusión y la sociabilidad.

Todos sabemos que los clubes de barrio, las sociedades de fomento, los centros culturales y los teatros, los centros de jubilados y otras organizaciones comunitarias son espacios claves donde construimos relaciones, valores, sentimientos, identidades y saberes que luego nos definen como sociedad. Hoy todo ese bagaje está en peligro. El brutal aumento de tarifa de los servicios públicos dispuesto por un grupo de CEO de grandes empresas que integra el Gobierno genera una sombra negra sobre la continuidad de las organizaciones sociales.

El club Juventud Unida de Llavallol, aquel de la película Luna de Avellaneda, pasó de pagar una tarifa de luz de 2.924 pesos a 8.713 pesos. Su tesorera declaró: “Falta que lleguen las facturas de agua y gas. Si siguen estos números, no se va a poder sostener”. Cristian Font, directivo de la Unión Nacional de Clubes de Barrio (UNCB) dijo: “Nosotros estimamos que el 80% de las instituciones está en un escenario límite en el que ya comenzaron con el cese de actividades y en algunos casos quedaron al borde del cierre”.

Sebastián Blutrach, dueño del teatro El Picadero, escribió en las redes: “Finalmente llegó al teatro El Picadero la factura de agua. La suma a pagar es de 33.200 pesos, que junto a la factura de luz de 35 mil pesos suman una cifra que habla por sí misma”.

Y así podríamos seguir con miles de testimonios de cómo el tarifazo de los servicios públicos lleva a un callejón sin salida a nuestras instituciones. Paradójicamente, un Gobierno que prometió hambre cero, unir a los argentinos y combatir el narcotráfico atenta, con sus políticas económicas, contra la vida de un entramado social sin el cual no hay ninguna posibilidad de concretar dichas declaraciones de principios que todos compartimos. El deporte y la cultura, junto a la organización comunitaria, son una escuela de valores, respeto, compromiso y solidaridad que acercan a nuestros compatriotas a un vida alejada del “sálvese quien pueda” y el “no te metas”.

El Gobierno ha prometido hipotéticas medidas, como la tarifa social para clubes, que llegarían siempre y cuando estos puedan completar engorrosos trámites. Cristian Font, presidente del club Villa Domínico de Avellaneda, sostuvo: “Sólo el 10% o el 15% de los clubes de barrio de todo el país podrán acceder a este beneficio, dados los requisitos que piden”. Es decir, tarde y para pocos.

Por tal motivo y entendiendo la urgencia de la situación, presentamos en el Congreso Nacional un proyecto para solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que reglamente las leyes n° 27098 y 27218. La primera establece que la entidad que se encuentre inscrita en el Registro Nacional de Clubes de Barrio será beneficiaria de una tarifa social básica de servicios públicos y la segunda ley nombrada instituye el régimen tarifario específico y el tratamiento particular a los sujetos del régimen de las entidades de bien público que responden a la siguiente definición: asociaciones civiles, simples asociaciones y fundaciones que no persiguen fines de lucro en forma directa o indirecta y las organizaciones comunitarias sin fines de lucro con reconocimiento municipal que llevan adelante programas de promoción y protección de derechos o desarrollan actividades de ayuda social directa sin cobrar a los destinatarios por los servicios que prestan.

Este tratamiento particular obedece a la naturaleza específica de estas organizaciones, que no persiguen fines de lucro y tienen por principal objeto el bien común. Estas tarifas diferenciales incluyen todos los servicios públicos de las fundaciones, los clubes de barrio, las asociaciones civiles sin fines de lucro, las asociaciones civiles deportivas y las cooperativas.

No podemos esperar. Si sumamos la devaluación del orden del 50%, el crecimiento de la inflación, el aumento obsceno de tarifas, la ola de desempleo y la apertura económica, no hay que ser magos para saber que el resultado de estas políticas será la caída de los ingresos de los que menos tienen, del consumo, de la demanda y que esto redundará en la pérdida de más puestos de trabajo. Un terreno fértil, no para el florecimiento de la cultura y el deporte, sino de flagelos sociales que no queremos que sean promovidos por decisiones políticas gerenciales que sólo miran el lucro y la ganancia como valores.