Se sabe que Elisa Carrió quedó con la sangre en el ojo cuando el Gobierno le aceptó la renuncia a Norberto Oyarbide, quien de esa manera zafó del juicio político.

Seguramente pensando en eso, la diputada de la Coalición Cívica y su mano derecha dentro del bloque, Fernando Sánchez, presentaron un proyecto para que los jueces que tengan denuncias pendientes no puedan renunciar ni jubilarse sin pasar por el Consejo de la Magistratura.

En caso de aprobarse el proyecto, las denuncias deberán ser tratadas en conjunto por el Consejo de la Magistratura dentro de los 60 días desde la presentación de la renuncia.

En sus fundamentos, el proyecto de la Coalición Cívica expresa que “el objeto de la iniciativa es impedir que los magistrados que están siendo investigados por mal desempeño de sus funciones en el ámbito del Consejo de la Magistratura de la Nación puedan eludir la sustanciación de las denuncias en su contra mediante la presentación de la renuncia a su cargo”.

La iniciativa recuerda que “existen numerosos casos en los que magistrados presentan su renuncia en medio de un procedimiento llevado adelante en el Consejo de la Magistratura, dado que una vez aceptada, se torna abstracto su objeto y se termina el proceso de investigación, descartándose la denuncia y cualquier sanción que ello pueda traer aparejada”.

Consecuentemente, agrega el proyecto, “vemos cómo un juez, en caso de inconducta, puede rehuir fácilmente a su responsabilidad política como funcionario público de un poder del Estado”.

Asi las cosas proponen que no puedan aceptarse renuncias de jueces que tengan trámites vigentes en el Consejo de la Magistratura.