El organismo tendrá la potestad de administrar aquellos bienes públicos de dominio privado que pertenecen a la Ciudad. La ley aprobada este jueves implica además la creación de un Parque de la Innovación.
La ley aprobada este jueves por la Legislatura porteña, con 42 votos positivos, 16 negativos y 2 abstenciones, establece la creación de la Agencia de Bienes S.E., un ente que podrá administrar los bienes públicos de dominio privado de la Ciudad de Buenos Aires.
Entre sus funciones podrá “ejecutar proyectos de obra; coordinar las relaciones entre la actividad pública y la inversión privada, orientando las iniciativas al logro de un desarrollo sustentable; y promover proyectos de infraestructura para garantizar la vinculación entre las diferentes zonas de la ciudad y otras jurisdicciones”.
A raíz de las modificaciones planteadas por el Frente para la Victoria y SUMA+, y aceptadas por el Pro, se incorporó al polémico artículo 5 -referido a la transferencia de los bienes- que “toda vez que la Agencia de Bienes realice cualquier acto de disposición de algún inmueble, debe hacerlo siguiendo el procedimiento fijado por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el artículo 82, incisos 4º y 5º, especificando el destino de los fondos”.
Además, se modificó el régimen jurídico sobre el que se regirá el organismo y la composición del directorio de la agencia, que estará conformado por un presidente y un vicepresidente, 3 vocales y 5 vocales suplentes designados por el Poder Ejecutivo; y 2 miembros restantes designados por la Legislatura de acuerdo a la representación de los bloques políticos opositores.
El término de los mandatos de los cargos será de dos ejercicios, pudiendo ser reelectos por un período. A su vez, el ente contará con tres síndicos, de los cuales uno será elegido por el Poder Ejecutivo y los otros dos por el Parlamento, también de acuerdo a los bloques opositores.
En la propuesta se establece que el predio donde en la actualidad funciona la institución Tiro Federal Argentino se divida en tres partes, una de las cuales corresponde al edificio que fue declarado Monumento Histórico Nacional y que seguirá siendo gestionado por la entidad.
En el lugar se impulsará, mediante concurso público, la construcción de un Parque de la Innovación que tiene como objetivo “posicionarse como centro urbano que impulse la generación, atracción y desarrollo de la innovación, del conocimiento y del talento de la Ciudad”.
Dentro del mismo se deberá destinar un mínimo de 120 mil metros cuadrados a establecimientos educativos, de investigación y residencias para estudiantes.
En tanto, la norma establece que de la venta de uno de los polígonos, el 20 por ciento irá para la urbanización de las villas 31 y 31 Bis; mientras que lo que resulte de la enajenación del otro polígono estará destinado “prioritariamente a Educación y Salud”.
“El Poder Ejecutivo deberá presentar ante la Legislatura, como requisito de carácter obligatorio, un plan urbano en el cual conste el detalle de la ejecución y plazos en los que se realizarán las obras”, indica una de las modificaciones.
Según la ley, la Agencia administrará también un Fondo de Desarrollo Metropolitano, que estará constituido por los ingresos de lo producido de sus propias actividades, los fondos asignados del Presupuesto de la Ciudad, subsidios y donaciones, las subvenciones y trasferencias que reciba del Poder Ejecutivo, del Estado Nacional, Provincias, Municipios, y demás organismos.
También a pedido de SUMA+, el oficialismo retiró del despacho original la venta de una fracción de “El Dorrego”, que se utilizaría para la construcción del Centro Metropolitano Audiovisual.
Finalmente, la Agencia de Bienes tendrá que confeccionar “un Programa de Acciones que eleva al Poder Ejecutivo y, por su intermedio, a la Legislatura de la Ciudad para su tratamiento. El mismo debe individualizar el destino de cada uno de los bienes inmuebles, detallando aquellos susceptibles de destinarse a política habitacional y política educativa”.
“Antes del 30 de septiembre del año anterior para el que se rige, el Programa de Acciones será remitido a la Legislatura para su tratamiento, y a las Juntas Comunales correspondientes para su conocimiento”, expresa el artículo 11.
La ley contó con un amplio rechazo del abanico opositor, vecinos de la Ciudad y socios de Tiro Federal Argentino. Durante el tratamiento que el proyecto tuvo este año en la Legislatura, un conjunto de organizaciones y entidades vecinales se agruparon bajo la consigna “Buenos Aires no se vende”. Asimismo, en la audiencia pública no hubo una sola exposición a favor de la propuesta que para el oficialismo era de “vital importancia”.
