Si bien consideró “positivo” que se haya resuelto el tema para los casos de pagos a jubilados con sentencia firme, el diputado nacional Carlos Heller cuestionó que no suceda lo mismo en los otros casos, planteándoseles “un método de recálculo que significa una disminución de sus haberes y además una limitación en el tiempo de la retroactividad”.

En su discurso ante el recinto, calificó la situación de “chantaje real, más que una reparación histórica”, por cuanto se está hablando de gente de más de 80 años, que o aceptan el proyecto de disminución, “o quedan en un limbo, por lo menos durante tres años, sin saber qué va a suceder”.

Propuso en cambio que en el Presupuesto vigente “hay 12.500 millones de pesos destinados a pagar juicios a los jubilados; de no ser suficiente este monto, podría utilizarse parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, y si aún no alcanzara con eso, sería mucho más sensato pensar en desprenderse de algunos de los títulos y acciones que desprenderse de las participaciones del Estado en las empresas”.

“Los cálculos que nosotros manejamos establecen que pagar las sentencias tal cual están demandarían entre 12.500 y 18 mil millones”, señaló, apuntando que “pagarles a los jubilados que tienen sentencia, no requiere ninguna ley especial”.

Entre otras cosas, propuso que los beneficios “sean extendidos a los beneficiarios de rentas vitalicias”, al tiempo que rechazó “el criterio de la emergencia en materia de litigiosidad previsional”, que consideró un chantaje.

Heller consideró “cosméticas” algunas de las modificaciones aplicadas, y con relación al sinceramiento fiscal, dijo no entender por qué se habla de la intención de que vuelvan los dólares, si eso no es necesario. “¿Qué beneficio puede tener la Argentina, excepto el pequeño canon pagado para legalizar ese acto ilícito?”, se preguntó.

Criticó que se excluyan a los parientes de las excepciones al blanqueo. “La señora del fulano va a poder blanquear; es una burla decir que se está dejando afuera a los funcionarios de los tres poderes”, y cuestionó también que puedan acogerse al blanqueo los contratistas del Estado.

“Alguien que exteriorice y compre un bono, no paga un centavo -se quejó en otro pasaje de su discurso-. A los evasores que blanqueen, les vamos a poner una alícuota insignificante si pongan un poco de bonos. Este proyecto, así como está, créame señor presidente, es invotable”.

Consideró además que se le esté dando un régimen de regularización excepcional a los grandes grupos económicos, cosas que debió estar a su juicio circunscripto solo a las pymes.