La extinción de dominio para bienes provenientes de ilícitos obtuvo dictamen en un plenario de tres comisiones y será tratada en el recinto este jueves, aunque hubo objeciones porque el decomiso se podrá aplicar sin necesidad de condena previa y no prescribirá. Para el Frente para la Victoria, es inconstitucional.
El proyecto de ley para aplicar la extinción de dominio sobre los bienes provenientes de ilícitos, disparado por el caso del exfuncionario kirchnerista José López, consiguió dictamen favorable en la Cámara de Diputados y este jueves obtendría media sanción.
La iniciativa, unificada en base a un texto de Graciela Camaño (Frente Renovador), fue avalada en un plenario de las comisiones de Legislación General, Justicia y Presupuesto y Hacienda, donde contó con respaldo de varios bloques, aunque recibió algunas objeciones.
El dictamen de mayoría fue suscripto por Cambiemos, el Frente Renovador y el bloque Justicialista –en disidencia-, mientras que el Frente para la Victoria se inclinó por un dictamen de minoría, al igual que el Frente de Izquierda.
Se trata de un proyecto que apunta a “recuperar lo robado” y cuyo debate se aceleró a partir del hallazgo de los 9 mil millones de dólares que intentaba ocultar López, quien fuera número dos del exministro Julio De Vido, en un convento del partido de General Rodríguez.
Al abrir la discusión, en el Anexo C de la Cámara baja, Camaño explicó que “lo que tenemos ahora es el decomiso, planteado en el ámbito penal, lo cual hace que sea un trámite muy largo y engorroso, atado a la suerte de la causa penal”.
La jefa del bloque del Frente Renovador indicó que la extinción de dominio es “una nueva herramienta que el derecho argentino no poseía, imprescindible para la lucha contra el narcotráfico”, y destacó que se trata de “una ley proactiva, de ataque al crimen organizado”.
Camaño señaló que el proyecto “persigue los activos provenientes de actividades ilícitas”, entre las que mencionó la corrupción, contrabando, lavado de dinero, narcotráfico, trata de personas, terrorismo y también infracciones y evasiones, actos simulados, competencia desleal y formación de monopolios.
La iniciativa contempla los bienes ubicados tanto en el país como en el extranjero, y “se aplica a cualquier situación presente o pasada”, es decir, no habrá plazo de prescripción para la extinción de dominio, algo que fue cuestionado por otros bloques.
La legisladora massista agregó que “el afectado puede hacer uso de sus derechos para la defensa de su patrimonio”, e informó que “los bienes que se recuperan van a ser utilizados para fortalecer los sistemas de salud, educación, trabajo y vivienda”, así como también “programas contra el narcotráfico”.
El rechazo del Frente para la Victoria fue planteado por Luis Cigogna, quien pronosticó que la ley “va a ser declarada inconstitucional y el objetivo perseguido no se va a poder cumplir”.
“Estamos de acuerdo con el fin perseguido, pero el proyecto atenta contra varios artículos de la Constitución”, sostuvo el diputado kirchnerista sobre la posibilidad de decomisar un bien sin condena previa.
Por el contrario, explicó que en el dictamen de su bloque consta que “tiene que haber sentencia dictada por juez penal”, y “el juez es el que además establece el decomiso”, pudiendo disponerlo previo a la sentencia sólo en situación de excepción.
El radical Luis Petri rebatió este argumento al sostener que “no hay presunción de inocencia en el proceso civil” y relató que en otros países con esta legislación se habla justamente de “decomiso sin condena”. “No podemos hablar de principio de inocencia cuando no estamos en sede penal”, razonó.
Margarita Stolbizer, del GEN, acompañó la iniciativa aunque planteó también algunas objeciones, y se quejó del tratamiento veloz impulsado por Cambiemos, al igual que Néstor Pitrola (Frente de Izquierda), quien denunció una “simulación” de Cambiemos a partir del caso López.
Stolbizer reconoció que con la extinción de dominio “se evita que el crimen termine redundando en un beneficio económico para su autor”, y que además “sirve para resolver un recurrente problema, el de los testaferros, con lo que significa en los últimos tiempos la utilización de los ‘prestanombres’”.
Por otra parte, pidió no crear ningún organismo nuevo para aplicar esta norma y propuso “que el beneficiario principal (del decomiso) sean las víctimas”. Además, opinó que “se avanza demasiado sobre las atribuciones provinciales por las normas propias de los códigos procesales”.
Por el bloque Justicialista, Diego Bossio pidió, al igual que Cigogna, que “el proceso esté avanzado” para la extinción de dominio, dado que “la imputación es demasiado frágil”.
El legislador consideró que “20 años serían una prescripción adecuada” para aplicar la extinción de dominio desde que se produjo el delito por el cual se obtuvo el activo.
Desde la Coalición Cívica, Fernando Sánchez ratificó que “de ninguna manera se viola el principio de inocencia” y respondió a las críticas por el apuro en avanzar con la ley: “No lo tratamos porque las tapas de los diarios digan que es urgente, sino porque en Argentina el crimen ha avanzado”.
