A través de un comunicado, y en representación de la fundación que preside (La Alameda), el diputado Gustavo Vera se refirió a la sentencia judicial que condenó a 13 años de prisión efectiva a los dos capataces del taller textil clandestino incendiado en 2006 en Caballito.

“Este es un fallo esperanzador que nos da fuerza para seguir en desigual lucha que aún no se asumió como política de Estado”, aseguró el legislador de Bien Común.

Asimismo, recordó que hay “una sola condena en todo el país por trabajo esclavo en la industria textil (caso Salazar Nina, la primer denuncia de la Alameda del 2005) producida a fines del año 2013, con una ley de Trata aún no reglamentada por el Poder Ejecutivo Nacional y con miles de talleres textiles clandestinos que se siguen incendiado como el ocurrido a fines de abril del año pasado en el barrio de Flores, en la esquina de Paéz y Terrada, donde murieron dos nenes: Rodrigo y Rolando de 8 y 10 años”.

Vera consideró que “las tragedias en los talleres clandestinos están a la vuelta de la esquina; ya que aún el 78 por ciento de la industria de la moda trabaja en la clandestinidad”. “Sólo en la Ciudad de Buenos Aires hay como mínimo 3 mil talleres textiles clandestinos, donde se siguen contagiando los costureros de tuberculosis, más de un centenar de marcas en proceso judicial, y un Estado que sigue sin auditar a las marcas, y ni siquiera comprando en proveedores libres de esclavitud, como sucedió recientemente de allanamientos a talleres que producían en la clandestinidad uniformes policiales”, añadió.

El diputado presentó este año en la Legislatura porteña proyectos de ley al respecto. Uno impulsa una auditoría obligatoria de marcas de ropa para que en su cadena de producción no tengan esclavitud, ni trabajo infantil o no registrado. Además, la iniciativa por certificación de los proveedores del Estado y la creación de dos Polos Textiles para que la maquinaria incautada por la justicia sea reutilizada socialmente en beneficio a las víctimas con apoyo del Estado.

Estos proyectos cuentan con el compromiso de apoyo del oficialismo y la oposición, aunque no fueron expedidos de la Comisión de Desarrollo Económico para que sean discutido en el recinto por los 60 legisladores.