Un diputado quiere que quienes fueron presidentes, vicepresidentes y jueces de la Corte y cometieron delitos de corrupción dejen de cobrar la asignación mensual vitalicia. Pidió a la Anses analizar el caso del vice de Cristina.
No solo Cristina Kirchner está en la mira de la Justicia por presunto caso de lavado de dinero en el marco de las causas Hotesur y Los Sauces. También lo está el expresidente y actual senador Carlos Menem por supuesta participación en la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero, por supuesto encubrimiento a los responsables del atentado a la AMIA y por supuesto enriquecimiento ilícito. Incluso el radical Fernando De la Rúa fue indagado por el caso de las presuntas coimas en el Senado para aprobar la ley de flexibilización laboral, conocida como la Ley Banelco, que pedía el Fondo Monetario Internacional.
Con los tres exmandatarios sospechados por casos de corrupción, un diputado nacional propuso quitarles la asignación mensual vitalicia (Ley 24.018) a los expresidentes, exvicepresidentes y exjueces de la Corte Suprema que incurran en delitos de corrupción.
La iniciativa corresponde a Hugo Marcucci (UCR-Santa Fe), quien además solicitó a la Anses que analice la posibilidad de suspenderle los beneficios al exvicepresidente Amado Boudou, procesado por presunto caso de cohecho y de negociaciones incompatibles con la función pública en la causa Ciccone. Sin embargo, vale aclarar que el exvice de Cristina Kirchner no fue condenado porque hasta el momento no se comprobó la comisión de dichos delitos.
Marcucci opinó que “es una verdadera afrenta al ciudadano que fondos públicos estén destinados a sujetos que hayan cometido delitos en el ejercicio de la función pública, como es el caso de Amado Boudou que podría recibir una pensión de 140.000 pesos mensuales cuando se encuentra procesado por la causa Ciccone”.
Asimismo enfatizó “seria inexplicable que se otorgue este tipo de reconocimientos a quienes incumplieron con su deber”.
Los beneficios de la Ley 24.018 tienen carácter no contributivo y graciable, fundado en el reconocimiento al mérito y al honor en el desempeño de tan altas magistraturas.
Pero según el diputado, “los hechos de corrupción contravienen y desnaturalizan las condiciones para su otorgamiento que se fundan en el mérito y el honor. Por otra parte no son derechos previsionales, ya que no están sustentados en aportes equivalentes realizados, son beneficios que se otorgan con rentas generales”.
A través de un proyecto de ley, Marcucci propuso que se anule o suspenda la percepción del beneficio, cuando se cometan delitos de corrupción, según exista sentencia firme o procesamiento, en forma independiente a que se encuentre recibiendo el mismo o no.
