En la Ciudad de Buenos Aires son cientos los edificios que registran la falta de suministro de gas. Desde la asociación Inquilinos Agrupados se presentó un proyecto de ley en la Legislatura porteña para que el Banco Ciudad ofrezca una línea crediticia especial.
Por Melisa Yael Jofré
El frío y la falta de gas es una de las combinaciones más molestas que atraviesan hoy por hoy cientos de vecinos que viven en edificios de la Ciudad de Buenos Aires. A raíz de esta situación, que lleva varios meses en algunos casos, la asociación Inquilinos Agrupados presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley para la creación de una línea crediticia a tasa subsidiada para edificios que necesiten adecuar sus instalaciones a la normativa vigente.
El defensor del Inquilino en la Ciudad, Fernando Muñoz, afirmó que “todos los días” se reciben llamados por “algún caso de corte de gas o denuncias por más de un año, en algunos casos, de edificios sin servicio de gas”. En tanto, detalló que “el promedio que se está dando para los arreglos, en los consorcios, es entre ocho y diez meses; lo cual desde el punto de vista del inquilino significa haber firmado un contrato –que implica 25 a 30 mil pesos- de un departamento que se lo plantean en buenas condiciones y después cerca de la mitad del contrato está sin uno de los servicios esenciales”.
El exlegislador porteño señaló que en estos casos “se da un incumplimiento de contrato y una responsabilidad que recae en el locador, el propietario, de acuerdo al Código Civil, porque es el que tiene que garantizar que lo que se firmó en el contrato se cumpla”. “En la Ciudad, generalmente el 90 por ciento de los contratos se firman por inmobiliaria, entonces son las inmobiliarias quienes se transforman en los interlocutores nuestros. Intervenimos llamando a cada una y planteando un acuerdo de resarcimiento”, explicó.
El defensor contó que en algunos casos “los propietarios le instalan una alternativa a los vecinos, con un calefón eléctrico, pero en general las instalaciones de esos edificios no están preparadas para recibir solamente el consumo de electricidad en todos los departamentos”. Ante el conflicto, Muñoz reveló a Semanario Parlamentario que muchos vecinos recurren a una mediación para que “haya un resarcimiento en cuanto al precio del alquiler, es decir, una rebaja en el precio, dado que no se está cumpliendo con lo que se había acordado en la firma del contrato”. “Está claro que en muchos edificios que no pueden afrontar el gasto y por eso se va demorando durante tanto tiempo la recuperación del gas”, agregó.
Si bien hasta la fecha no hay cifras concretas sobre la cantidad de edificios afectados, el exdiputado adelantó la posibilidad de elevar un oficio a Metrogas, para obtener una respuesta clara de cuántos edificios están en esta situación. “Lo que sí notamos es que es una cantidad importante”, alertó. Y dijo que “de los cinco problemas centrales que tienen los inquilinos, el corte de gas está entre las demandas más consultadas”.
“Para nosotros es un tema importantísimo. Es algo que inclusive no tiene mucho estado público. La misma situación de que la empresa corte el servicio porque el edificio no está en condiciones, hace que el tema se mantenga bastante oculto, pero la verdad que es un problema muy frecuente y que no se abordó estatalmente desde el principio”, consideró Muñoz.
El titular de la Defensoría del Inquilino, apoyó la oportunidad de que haya un sistema especial de créditos para que los problemas se puedan resolver “lo antes posible”. Además, aseguró tener conocimiento que “algún banco privado en otras ciudades, porque esto también es un tema muy frecuente -en Rosario por ejemplo-, tiene una línea de crédito con una tasa especial para consorcios que están sin gas”. “Sería muy bueno que el Banco Ciudad plantee una línea de crédito. Es bueno que el Estado se ocupe, porque además estamos hablando de un fenómeno que lleva varios años en la Ciudad de Buenos Aires, no es una cosa que sucede hace poco”, finalizó.
Por su parte, Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados, coincidió en que el Estado porteño “debe estar presente” y garantizar el funcionamiento del servicio, porque “son muchísimos los edificios, y hay miles de familias que están sufriendo por esta situación”.
El proyecto
La propuesta, elaborada por la asociación que nuclea a los inquilinos de la Ciudad de Buenos Aires, establece un sistema de crédito para consorcios de edificios de propiedad horizontal “que deban dar cumplimiento a las normas de seguridad del servicio de suministro de gas domiciliario”. De acuerdo con la iniciativa, este sistema tendrá como objetivo “financiar a aquellas unidades funcionales que deban adaptar la red de gas a las normativas de seguridad exigidas por la empresa concesionaria del servicio de gas domiciliario y que carezcan del presupuesto necesario para afrontar las obras”.
Según el articulado del proyecto de ley, la línea crediticia deberá tener una tasa preferencial del 50% de la tasa activa del Banco Nación, a pagar en 50 cuotas mensuales por el monto total que cubra las obras a financiar. Asimismo, los requisitos para acceder al crédito serán: la acreditación de domicilio real en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la intimación de la empresa distribuidora del servicio de gas domiciliario o indicación de gasista matriculado de las obras necesarias para el cumplimiento de las medidas de seguridad para la conexión y el suministro a la red de gas; el presupuesto del gasista matriculado; el CBU del consorcio donde se depositará el crédito, y la firma del representante legal del consorcio de la solicitud crediticia y el compromiso de pago.
En el texto también se establece que la administración del consorcio será la encargada de “distribuir proporcionalmente el monto del crédito recibido según las necesidades financieras de cada unidad” y “de cobrar la parte proporcional del crédito otorgado a cada unidad funcional”. Por otra parte, indica que la autoridad de aplicación será el Banco Ciudad, quien “a fin de la acreditación y cobro del crédito procederá a la apertura de una caja de ahorros en pesos sin costo de mantenimiento a favor del solicitante”. Finalmente, establece que los gastos que demanden el cumplimiento de la ley formarán parte del presupuesto de la Ciudad.
En los fundamentos de su iniciativa, los representantes de Inquilinos Agrupados explicaron que actualmente en la ciudad “hay dos formas de que obliguen a normalizar o bien adecuar todo el sistema de gas de los edificios a la actual normativa”. Por un lado, cuando algún departamento de un edificio se queda sin gas, “va un matriculado a hacer la habilitación de ese departamento, y ese matriculado tiene ‘el poder de policía’ otorgado por la empresa distribuidora para controlar que las instalaciones se adecuen a la reglamentación”.
Por el otro, “ante la alerta de algún vecino por una posible pérdida o problema con el gas, Metrogas corta el suministro por seguridad. Luego, un inspector determina los problemas y encomienda a los propietarios y a la administración solucionarlo. Desde Metrogas explican que las instalaciones internas domiciliarias son propiedad de los usuarios, por lo que ellos tienen la responsabilidad de su mantenimiento. En el caso de los edificios, esta responsabilidad incluye también las instalaciones de gas en las áreas comunes”.
Además, en el proyecto se remarcó la situación “desventajosa” para los inquilinos, quienes representan un tercio de los habitantes en el territorio porteño. Desde la asociación, puntualizaron en que “al tener que pagar todos los meses un alquiler que no se condice con las condiciones en las que habitan”, aumenta el perjuicio para este sector de la población. “Si bien a los inquilinos no les corresponde, es común que las administraciones liquiden los arreglos dentro de las expensas ordinarias y los inquilinos terminen pagando la instalación gasífera de un departamento que no es suyo”, subrayaron.
