El legislador Gustavo Vera (Bien Común) ratificó este martes la denuncia penal contra el Gobierno porteño por la cesión ilegal de tierras del predio de Casa Amarilla al club Boca Junior, y pidió que se interponga una medida cautelar para suspender la licitación y el traspaso a la entidad auriazul, con el objetivo de que vuelva a pertenecer a la Ciudad.

La presentación, bajo el patrocinio del abogado Jonatan Baldiviezo, quedó radicada en la Fiscalía Nº 13, a cargo de Andrea Giúdice, y en la misma se remarcó que la cesión de terrenos que hizo la Ciudad “es ilegal porque se llevó a cabo sin tener la aprobación legislativa correspondiente”.

“Ratificamos la denuncia por enajenación de terrenos de Casa Amarilla, por incumplimiento de los deberes de funcionario público al Gobierno de la Ciudad, por vender terrenos que eran fiscales sin ser aprobados por la Legislatura como lo establece la Constitución”, indicó Vera en su programa “La Verdad Concreta”, que se emite por la radio online Conexión Abierta.

El diputado explicó que esos terrenos cedidos “tenían como destino la construcción de viviendas sociales, pero cuando asumió el gobierno del Pro empezaron un lobby que terminó este año para darle el predio a Boca, de donde provienen varios funcionarios del Pro”.

Asimismo, el titular de La Alameda sostuvo que la operación que llevó a cabo la Ciudad en ese aspecto “fue fraudulenta” y aseguró que pidieron “una medida cautelar para suspender la licitación”.

Además, se refirió a lo ocurrido el pasado 4 de mayo en la sede comunal de la Comuna 4, cuando ocurrieron incidentes durante una reunión de vecinos que discutían por la venta de estas tierras. Vera recordó que “en el lugar irrumpieron barrabravas de Boca y agredieron a los presentes. Por esos hechos hubo dos heridos”.

“Por estas tierras hubo una reunión masiva de vecinos en la Comuna 4, donde fueron recibidos a golpes por barrabravas. Fue un escándalo ocurrido hace meses para acallar la queja del vecindario. La gente pide que esos terrenos sigan perteneciendo a la Ciudad y cualquier tratamiento o uso, que se haga acorde a lo que establece la Constitución, que es con aprobación de una mayoría especial de la Legislatura”, concluyó.