“Vamos hacia un sistema de distribución similar al de energía eléctrica”, sostuvo el diputado Sergio Ziliotto, impulsor de la iniciativa.
La Comisión de Energía y Combustibles aprobó por amplia mayoría (12 votos a favor y 2 en contra) un dictamen que permite a las provincias asumir el contralor y, junto a cooperativas, prestar el servicio de distribución de gas natural.
El dictamen fue apoyado con la firma de 16 diputados pertenecientes al bloque Justicialista, al Peronismo Federal, al Frente Renovador, al Frente para la Victoria, al interbloque Progresistas, e incluso por un diputado del Pro. Solo dos diputados del oficialismo se opusieron.
El texto del dictamen surge de la unificación de sendos proyectos de ley presentados por los diputados nacionales Sergio Ziliotto y Luis Lusquiños, quien representa a la provincia de San Luis.
En el mes de junio, el legislador pampeano, a partir de la reiterada falta de respuestas por parte de Camuzzi Gas Pampeana, propuso al Congreso Nacional que sean las provincias asociadas con cooperativas las responsables del servicio de distribución de gas natural.
Lo aprobado en el día de hoy no sólo da respuesta a dicho pedido sino también transfiere a las provincias el poder de policía de las concesiones de gas natural en sus territorios, en un marco de descentralización de las funciones que hoy detenta el Ente Nacional de Regulación del Gas (ENARGAS).
En la parte sustancial del articulado se destacan dos disposiciones. Por un lado, el texto referido a la prestación directa del servicio mediante el cual se faculta a las provincias argentinas, por sí, o a través de cualquiera de sus organismos, empresas de derecho privado con participación estatal mayoritaria, o a éstas asociadas a cooperativas prestadoras de servicios públicos, a proveer los servicios de transporte y distribución de gas natural en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones.
El otro aspecto relevante es el que legisla acerca de la función de contralor provincial y establecer que, en el caso de la distribución en el interior de cada provincia o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cada una de ellas tendrá la atribución de ejercer el poder de policía, fijar tarifas y demás atribuciones inherentes a su poder jurisdiccional.
El diputado Ziliotto comenzó su participación explicando el incumplimiento por parte de Camuzzi, que ha derivado en sendas denuncias por parte del gobierno provincial ante las autoridades ministeriales nacionales y el organismo de control.
En la defensa del dictamen conjunto, el legislador pampeano expresó que “al aprobar estas iniciativas estamos fortaleciendo el federalismo con la descentralización del control del servicio y, principalmente, construyendo un nuevo escenario para reemplazar las actuales prestadoras privadas, en su mayoría extranjeras, por empresas públicas y cooperativas locales. Ello permitirá prestar un mejor servicio y a menor costo. Las ganancias que hoy emigran del país se podrán volcar a mejorar la infraestructura y a bajar tarifas.”
Además Ziliotto expresó que con esta medida se está revirtiendo una facultad delegada de contralor en el ENARGAS desde 1992, organismo que hoy detenta la facultad de “delegar progresivamente en los gobiernos provinciales el ejercicio de aquellas funciones que considere compatibles con su competencia”, según lo establecido en el Marco Regulatorio del Gas – Ley 24.076, aunque no se ha llevado a cabo. Con esta Ley vigente, el Congreso Nacional estará delegando facultades nuevamente, pero ahora en los estados provinciales.
