La utilización de los recursos fiscales coparticipables en los últimos años ha sido totalmente discrecional y en función de los intereses políticos de quienes detentaban el poder. Se sometía a la voluntad de las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional y de los poderes ejecutivos provinciales la asignación de ese dinero, sin la debida transparencia ante la ciudadanía acerca del destino de los fondos, ni de los criterios establecidos para su reparto. Un complejo escenario que no le permite a la gente determinar quién tiene razón.

Ese es el razonamiento que afecta un tema muy sensible para cada una de las provincias y municipios, por lo cual la senadora nacional Laura Rodríguez Machado (Pro-Córdoba) presentó un proyecto de ley -acompañada por el senador nacional de su propia bancada Ernesto Martínez- solicitando la creación de un Observatorio Nacional de Distribución de Recursos Coparticipables Nacionales y Provinciales.

Dicho organismo, entre otras funciones, tendrá como objetivo promover la transparencia en la información relativa a los regímenes de coparticipación nacional y provincial de recursos fiscales y en lo referente a las transferencias realizadas a todas las jurisdicciones del país. Toda esta información deberá ser publicada en el sitio web de la Comisión Federal de Impuestos para que los ciudadanos puedan acceder a la misma.

Al brindar detalles de su iniciativa, la senadora Rodríguez Machado señaló que “el Observatorio Nacional de Distribución de Recursos Nacionales y Provinciales tendrá la obligación de presentar una rendición anual ante el Congreso de la Nación y comparecer ante sus comisiones todas las veces que sea requerido por este poder”.

Asimismo, la legisladora nacional por la provincia de Córdoba aseguró que “con este proyecto de ley buscamos que las provincias y los municipios tengan las herramientas necesarias para alcanzar, de manera sencilla y directa, un acabado conocimiento de los recursos coparticipables que efectivamente les corresponden, ajustándose a la realidad de su potencial. Los intendentes y jefes comunales deben tener acceso a los datos que en la actualidad se desconocen”.