El oficialismo tiene los votos para aprobar y girar al Senado la reforma del Ministerio Público, que entre otras cosas acota el mandato del procurador a cinco años. Los otros temas que se debatirán.
Con acuerdo entre Cambiemos y el Frente Renovador, la Cámara de Diputados votará este miércoles el proyecto de reforma del Ministerio Público, que incomoda a la actual procuradora, Alejandra Gils Carbó.
También se debatirán la ley de participación público-privada, que viene con media sanción del Senado, y una nueva ley de subrogancias.
El proyecto de ley de Participación Público Privada (PPP) fue modificado la última semana en un plenario de comisiones donde el propio bloque radical manifestó objeciones, que se tradujeron en firmas en disidencia. La iniciativa original fue enviada por el Poder Ejecutivo, en busca de atraer inversiones, y ya recibió numerosas modificaciones en la Cámara alta.
En cuanto al nuevo régimen de subrogancias para la Justicia Nacional y Federal, se deroga el que el Congreso había aprobado en junio del año pasado, cuando el Frente para la Victoria tenía mayoría. Dicha ley fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, y por eso el Poder Ejecutivo envió un proyecto para su tratamiento.
Respecto de la reforma del Ministerio Público, el oficialismo buscará aprobar el proyecto y girarlo al Senado, que comenzaría a tratarlo en comisiones la semana siguiente.
La iniciativa original fue enviada por el Poder Ejecutivo, pero sufrió numerosos cambios en las comisiones de Justicia, Legislación General y Presupuesto de la Cámara baja.
El texto que obtuvo dictamen, y que contó con respaldo del massismo, limita el mandato del procurador general a cinco años, pero no especifica la situación de Gils Carbó, quien ocupa el cargo desde el 29 de agosto de 2012.
En este sentido, fuentes del Pro señalaron a parlamentario.com que a la jefa de los fiscales le correspondería irse en 2017, a pesar de que asumió como procuradora bajo la ley anterior.
“Algunos comparan esta situación con la de (Carlos) Fayt (quien logró continuar como juez de la Corte hasta los 97 años porque había asumido antes de la reforma de 1994), pero la Constitución no dice nada sobre el mandato del procurador”, argumentó un diputado macrista.
Para remover al procurador, se establece que el proceso de juicio político deberá iniciarse en la Cámara de Diputados con mayoría simple, y luego el Senado debería aprobarlo con una mayoría calificada de dos tercios.
Por otra parte, el proyecto otorga amplias facultades a la Comisión Bicameral de Control y Seguimiento del Ministerio Público, presidida por la jefa del bloque del Frente Renovador, Graciela Camaño (Frente Renovador).
Entre otras funciones, la bicameral deberá revisar las designaciones realizadas en las once direcciones generales que hoy constituyen la estructura de poder de Gils Carbó.
La iniciativa también contempla un nuevo Consejo General del Ministerio Público, integrado por el procurador, tres fiscales generales y tres fiscales.
