El Juzgado Federal N° 11 resolvió la elevación a juicio de la causa Qunita, en la que se encuentran procesados, entre otros, el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández y el exministro de Salud Daniel Gollán. La medida había sido solicitada el pasado 28 de septiembre por la Oficina Anticorrupción (OA), que como querellante de la causa había planteado que se hallaba completa la instrucción respecto de los 18 procesados.

La OA había expresado que estaban acreditadas las irregularidades en la selección y adquisición de materiales para el Plan Qunita, en el que se habría diseñado un pliego a medida y se habría direccionado la licitación para que resulten ganadoras seis empresas sin antecedentes vinculados con los productos licitados, ya que sólo registraban experiencia en los rubros inmobiliario, de la construcción, gráfico e informático. A la vez, la licitación se habría adjudicado a precios excesivos e injustificados que superaban el valor de referencia informado por la SIGEN (4096 pesos) y se abonaron los kits a pesar de que estos no contenían todos los elementos fijados en el pliego.

“Para esta parte querellante, la actuación de los funcionarios públicos en la maniobra investigada es subsumible en las figuras de negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas y administración fraudulenta en perjuicio del Estado. En tanto que la conducta de los particulares directivos y/o socios de las empresas que resultaron adjudicatarias de la licitación debe encuadrarse como participación necesaria (salvo en un caso donde sería complicidad) en el segundo de los delitos enunciados”, había sostenido la OA en la solicitud de elevación a juicio.

En esa oportunidad, la OA había expresado que Gollán “en el carácter de ministro de Salud, refrendó el acto que aprobó la licitación y dispuso la adjudicación a las seis firmas seleccionadas, a pesar de las irregularidades que presentaba el trámite y del monto excesivo e injustificado de las ofertas recibidas”, a la vez que Fernández “en su calidad de Jefe de Gabinete de Ministros, adoptó la decisión de aprobar la licitación y adjudicarla en favor de las seis empresas irregularmente seleccionadas y de ese modo obligó abusivamente a la Administración, puesto que el monto de la contratación resultaba excesivo e injustificado”, por lo que “corresponde sindicar al doctor Aníbal Fernández como autor del delito de administración fraudulenta”.