La diputada nacional Alejandra Martínez (UCR-Jujuy) le envió una carta a Luis Almagro, secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que había pedido la liberación de la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, quien se encuentra detenida por hechos de corrupción en Jujuy.

En la carta, Martínez señala que “Milagro Sala no es una abanderada de los desposeídos” y que “durante su régimen, la violencia creció como nunca antes en Jujuy, hasta corromper por completo la vida social en la provincia. En las causas penales que la involucran se detallan innumerables intimidaciones y aprietes contra cooperativistas, castigos 'ejemplificadores' y una matriz de corrupción destinada a despojar a miles de familias de sus viviendas y fuentes de trabajo”.

La legisladora radical detalla que la Tupac fue una “estructura mafiosa, que llegó a defraudar más de 1.200 millones de pesos argentinos correspondientes al erario público” y que las 1.836 viviendas a cargo de cooperativas nucleadas por la organización Túpac Amaru “jamás fueron construidas, a pesar de que se reportaron como finalizadas y fueron pagadas en su totalidad (incluso con reajustes de precios), mientras otras 524 están inconclusas”.

“Estamos hablando de un robo sistemático que dejó a miles de familias vulnerables sin techo”, añadió la diputada y afirmó que “la estructura de violencia y corrupción que instaló Sala en Jujuy no tiene precedentes. Fue un saqueo inédito, y su juzgamiento constituye una obligación inherente al Estado de Derecho. Sin embargo, sus aliados desplegaron una estrategia consistente en presentarla como una “mártir de los necesitados”, apelando a los organismos internacionales para evitar el análisis concreto de los hechos que lleva adelante la Justicia”.

“Le pedimos, secretario, que no colabore con ese propósito. Por eso hemos invitado tanto al GTDA como a la CIDH a que visiten Jujuy. La transparencia de este proceso, ajustado a los parámetros legales vigentes, nos permite reiterar dicha invitación. En las violaciones a los DDHH es una constante que los Estados cierren sus puertas y, en nombre de la soberanía, repelan cualquier intromisión internacional. Los jujeños buscamos justo lo contrario: queremos que se acerquen, que conozcan a los involucrados y puedan acceder a los expedientes. Queremos que hablen con los miembros de la organización de Sala, que han sido sus víctimas, y también con la propia Sala, para que puedan comprobar las condiciones en las que se lleva adelante su detención”, finalizó la diputada Martínez.