El presidente de la Nación y el jefe de gobierno encabezan el acto de traspaso de la justicia ordinaria a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde las 9.35 en la Casa Rosada.
A 22 años de la reforma constitucional de 1994, en la cual se estipulaba que la justicia ordinaria se debía traspasar a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, finalmente se dará ese paso fundamental para continuar completando la autonomía del territorio en lo que respecta a las competencias jurisdiccionales.
El presidente de la Nación, Mauricio Macri, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, encabezan el acto de traspaso de la justicia ordinaria a la Ciudad desde las 9.35 en la Casa Rosada.
La medida es un viejo reclamo de la dirigencia política porteña, que hace tiempo exigía el traspaso para poder manejar la justicia de la misma manera que lo hacen las provincias, y así continuar con el proceso de autonomía que comenzó a gestarse con el control del juego, la Policía y los puertos.
Según informó Télam, en el acto se encuentran presentes el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano; su par de la Ciudad, Martín Ocampo; y una comitiva de la Legislatura, integrada por la vicepresidenta primera, Carmen Polledo, el presidente del bloque Pro, Francisco Quintana y el titular de la comisión de Justicia, Daniel Presti.
En el acto se traspasará parte del fuero penal – el área de robos y hurtos-, el comercial y el de Menores. A su vez, el traspaso se hará de manera gradual y se empezará por los 54 cargos vacantes, entre juzgados, vocalías, fiscalías y defensorías. En la primera etapa serán traspasados 490, entre funcionarios y empleados del actual fuero penal nacional.
Intento frustrado
No es la primera vez que se intenta traspasar la justicia a la òrbita de la Ciudad, en una primer instancia se intentó firmarlo el 30 de noviembre del pasado año, pero se demoró por la negativa tanto de los magistrados involucrados como del gremio judicial.
En aquel entonces el secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Julio Piumato, había declarado a su gremio en “estado de alerta y movilización” ante la iniciativa, ya que había considerado que “los salarios de los magistrados porteños son más bajos, el régimen jubilatorio no está garantizado por ley, se perjudica el acceso a los beneficios de la obra social y, desde la última modificación de ganancias, los trabajadores podrían quedar expuestos a su pago”.
A este rechazo se le sumo el de la Asociación de Magistrados, quienes indicaron que “bajo ningún concepto puede variarse el status de un magistrado o funcionario nacional a partir de una ley y mucho menos de un convenio, que tiene menor jerarquía normativa”.
La Legislatura insistió con el traspaso
La presidenta del bloque Peronista, María Rosa Muiños, y su par del bloque CC ARI, Paula Oliveto Lago, el 24 de octubre del pasado año ya habían expresado su preocupación acerca de la demora en el traspaso e impulsaron una iniciativa en la que explicaban que “si bien se han concretado algunos avances parciales con respecto a la transferencia de la Justicia de la Nación a la Ciudad, lo cierto es que han pasado veinte años desde la sanción de la Constitución local y desde que en la Ciudad se eligen autoridades por el voto popular; entonces, ningún motivo justifica seguir postergando el traspaso de competencias jurisdiccionales”.
En este sentido, Muiños había afirmaba que el ejercicio de estas competencias por parte de la Ciudad se encuentra todavía incompleto, a pesar de que, tanto en la Legislatura como en el Congreso Nacional, se hayan presentado numerosas iniciativas para avanzar en la consolidación de la autonomía, especialmente en lo referido a la transferencia de áreas judiciales”.
A su vez, había aseveró que “no podemos esperar más tiempo para concretar este traspaso porque la Ciudad cuenta con una Justicia moderna, con códigos ágiles y con recursos humanos capacitados para investigar, juzgar y condenar a los funcionarios corruptos y a los distribuidores que venden drogas a nuestros hijos en las puertas de los colegios”.
Por su parte, Oliveto Lago había manifestado que “estamos pidiendo que se respeten nuestros derechos como Ciudad, y como autoridades políticas de la misma, queremos tener injerencia en el control de la justicia para que lleguen a los ciudadanos en tiempo y forma; la no justicia es injusticia y eso no lo podemos permitir y quedarnos con los brazos cruzados”.
