Como se esperaba, la oposición se abocó de lleno a la polémica por el acuerdo entre el Estado nacional y el Correo Argentino. Menos de una hora demoró en sacar a relucir la cuestión, y la primera en hacerlo fue la diputada Soledad Sosa, quien pidió un apartamiento del reglamento para tratar sobre tablas el proyecto sobre la “inmediata interpelación” del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña y el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, por lo que definió como “un escándalo”. “Queremos denunciarlo”, dijo, y comparó el hecho con los escándalos de corrupción de la anterior administración, señalando que “desde las bolsas de López a la condonación presidencial, hay un régimen político que se sirve de utilizar a las finanzas del Estado para el enriquecimiento personal”.

Para el apartamiento del reglamento hacían falta los tres cuartos de los presentes -145 votos-, que no se alcanzaron, pues la votación terminó con 103 votos a favor y 79 en contra.

A continuación se ocupó del tema Diana Conti, quien tras aporrear al Gobierno por el caso de Gustavo Arribas, el jefe de Inteligencia, la emprendió también contra el macrismo por el tema del Correo, incluyendo de paso también la cuestión del decreto del blanqueo para familiares.

Las cuestiones de privilegio que siguieron tuvieron casi siempre referencias a la cuestión del Correo.

En ese marco, el diputado Felipe Solá cuestionó el convenio con el Correo, manifestándose “no sorprendido ni anonadado, sino dolido” por “cómo se puede llegar a hacer un acuerdo que refiere a una empresa que ha sido de la familia Macri, que dejó de pagar los cánones al Estado nacional, con lo que significa eso como gravedad, y que lo hizo mientras Mauricio Macri era director”.

Tras detallar el recorrido judicial que tuvo la controversia judicial, consideró “una burla” que no se dieran cuenta de la situación planteada, y habló de “negligencia”, y de falta de sentido común de parte del presidente. “Los bieneducados creen que pueden hacer cosas que los maleducados no pueden”, dijo. Solá detalló los cuestionamientos que hizo la fiscal interviniente y se preguntó cómo los diputados radicales “no pidieron todavía la renuncia del ministro Aguad” por la falta de respuestas satisfactorias.

A su turno, la diputada Marcela Passo consideró “cuanto menos preocupante” el tema, y luego subió la vara, hablando de “situación bochornosa”.

“Un acuerdo donde el Estado acepta una deuda con condiciones que son irrisorias”, se quejó, y se preguntó por qué el Estado nacional acepta esas condiciones y una persona común no puede siquiera pagar una heladera en cuotas sin elevados intereses. “Estamos frente a un Gobierno que hace lo que se le antoja”, se quejó, cuestionando además la violación de la Ley de Etica Pública, por haber estado el presidente “de un lado y del otro”.

El diputado Juan Carlos Giordano aprovechó su cuestión de privilegio para recordar el proyecto presentado el día anterior para embargar y rematar los bienes del Grupo Macri para pagar la deuda que tienen por el Correo. “La familia Macri se quedó con el Correo Argentino”, dijo, recordando que en es momento tenían 20 mil trabajadores y se quedó entonces con solo 7.000.

“El embargo y el remate es alrededor de todos los negociados que la familia Macri ha hecho”, sostuvo el diputado de izquierda, abundando todos los negocios en los que intervino.

La correntina Araceli Ferreyra presentó una cuestión de privilegio en la que repartió críticas salpicadas, pero al concluir la pidió al presidente “sacar un DNU pidiendo la nulidad del Chorreo Argentino” (SIC), y en ese marco la emprendió contra el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, de quien dijo que “todo lo que hace tiene esas característicias”, en referencia al “choreo”.

También muy crítico, el diputado de Chubut Somos Todos Jorge Taboada comparó el acuerdo por el Correo con los casos de corrupción del Gobierno anterior y en particular los bolsos de José López. “Con esto que vemos, López pasa a ser un punga”, ironizó. Luego fue más lejos en la crítica al hablar de “devaluación, aumento de tarifas, topes en salarios… Creo que no cambiamos para nada. El slogan ese de ‘Cambiemos’ no sirvió para nada”.

Y agregó que “esas actitudes dejan al desnudo al presidente y a lo largo de estos años con los últimos gobiernos la clase política a la que le tocó gobernar toma al poder como un botín de guerra. El gobierno de Mauricio Mcri no se diferencia a los anteriores y eso es lo que el Gobierno se tiene que dar cuenta”.

Denunciante del presidente en el tema Panamá Papers, el neuquino Darío Martínez sostuvo que “está claro que los argentinos en las elecciones han comprado un buzón y hoy nos estamos enterando que lo tenemos que pagar dos veces”, y concluyó advirtiendo que “es el momento de ponerle freno a este presidente”.

La cuestión de privilegio que planteó el diputado Julio Raffo fue contra el ministro de Comunicaciones, por haberse referido por la mañana a la Comisión de Comunicaciones que lo citó como “pseudocomisión”, o como “la comisión de Brügge”, en referencia al diputado cordobés que la preside. “Debería saber que acá no hay una pseudocomisión, hay una Comisión de Comunicaciones, que me siento muy honrado por integrar, pero no somos de ‘la comisión de Brügge’, somos integrantes de una comisión de esta Cámara, y esa ha sido una falta de respeto grave a la Cámara y a los que integramos esa comisión”.

“Creo que también nos ha faltado a todos los argentinos la consideración y el respeto con esas explicaciones que da. Yo estoy escandalizado”, señaló, pero luego advirtió que “frente a este hecho el muerto se asusta del degollado, porque muchos que han guardado silencio cómplice frente a episodios como los bolsos de López, o La Rosadita, ahora se escandalizan… Hacen bien en hacerlo, pero antes se quedaban callados”.

Por último, el legislador porteño sostuvo que “la Nación espera la palabra clara exhaustiva y convincente del presidente de la Nación, y creo que le debe estas explicaciones” a la gente.

Rodolfo Tailhade, del Frente para la Victoria-PJ, pidió poner el foco en la Justicia y rechazó los planteos contra el gobierno anterior. Denunció que los camaristas de la Sala B de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial -que ahora debe homologar el acuerdo- “hace seis años que están sentados en ese expediente, esperando a que pase lo que pasó”,