El bloque del FpV-PJ en Diputados expresó su “más enérgico repudio” al pedido de juicio político que hizo el Ministerio de Trabajo contra los camaristas Graciela Marino y Enrique Arias Gilbert, por avalar durante la feria judicial la paritaria que los bancarios habían firmado con algunas cámaras empresarias en noviembre del año pasado.

La bancada comandada por Héctor Recalde dijo que se trata de un “semejante apriete político” y que con ello “el gobierno pone en evidencia sus rasgos autoritarios y las reiteradas, extorsivas y disciplinantes intromisiones del PEN en el Poder Judicial”.

También, recordaron que “la escalada de presiones a jueces y camaristas, en este caso del fuero laboral, la característica del presidente Macri tuvo otro hito cuando habló de una supuesta industria del juicio para justificar el intento oficial por reinstalar la flexibilización laboral de los ’90 con la reforma a la ley de las ART”.

A través de un comunicado, rechazaron “categóricamente” cualquier “pretensión del PEN de someter al Poder Judicial, en general, y al fuero del trabajo, en particular, al cumplimiento de los fines económicos y políticos del gobierno para los cuáles resulta imprescindible pulverizar los derechos laborales y la estigmatización de la negociación colectiva”.

“El amedrentamiento enmascarado en el juicio político a los camaristas es, además, una muestra de un claro retroceso institucional y quebrantamiento de los más básicos principios republicanos. El gobierno se precipita por un peligroso sendero de autoritarismo. Porque a esta lamentable iniciativa, se debe añadir las pinchaduras telefónicas, la persecución, el espionaje, el hostigamiento a dirigentes de la oposición y a cualquiera que contradiga al gobierno”, agregaron.

Y finalizaron: “El presidente debe entender que el primer mandatario no es el mandamás, sino el más mandado y por eso es el más obligado a respetar los Tratados Internacionales, la Constitución Nacional y la Ley. No puede hacer lo que quiere sino lo que debe y hacerlo dentro del marco normativo institucional y respetando su compromiso electoral”.

Además del comunicado oficial del bloque, el diputado José Luis Gioja se manifestó al respecto y consideró que “es de una gravedad institucional inusitada la decisión del Gobierno de pedirle juicio político a los camaristas que avalaron la paritaria bancaria”.

El sanjuanino alertó: “Si esta va a ser la medida, entonces deberemos acostumbrarnos a vivir en estado de alerta y salir en defensa de la institucionalidad ante cada avasallamiento del Gobierno”.

“No se me ocurre ponerle nombre a semejante burrada jurídica, política e institucional”, agregó el presidente del PJ Nacional y sostuvo que “se llenan la boca hablando de la defensa de la República pero cuando un juez no falla como quieren le hacen juicio político”.