La dirigente social y diputada del Parlasur fue denunciada por ex integrantes de la Tupac Amaru.
La líder de la organización Tupac Amaru y diputada del Parlasur, Milagro Sala, fue notificada en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de tres nuevas acusaciones en su contra por amenazas y coacción.
La dirigente social fue imputada por denuncias de ex integrantes de Tupac Amaru, entre ellos, Enrique Mazzoni y su esposa Natalia Bazan, que la acusan de haberlos amenazado de muerte desde la cárcel mediante una tercera persona.
Las otras denuncias son por el mismo delito y fueron realizadas por supuestos testigos en anteriores causas penales que pesan sobre Sala.
Las denuncias fueron radicadas a fines del año pasado, pero por orden del titular del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello Sánchez, tomaron curso en las últimas horas y recayeron en la fiscalía de Darío Osinaga Gallegher.
Por otra parte, Sala fue notificada del reemplazo del fiscal que investigaba la mega causa “Pibes Villeros”, ya que el propio Lello Sánchez ordenó la modificación en su equipo de fiscales. Gustavo Araya, que estaba habilitado en la Fiscalía N° 2, fue reemplazado por Diego Cussel, quien llevó adelante toda la investigación de Milagro Sala, luego del ascenso de la ex fiscal penal Liliana Fernández de Montiel.
En este caso, el juez de control penal N°1, Gastón Mercau, todavía tiene algunos días de plazo para resolver las apelaciones presentadas por las defensas de los procesados e imputados en la mega causa, donde está acusada la diputada por el Parlasur y otras 30 personas, entre ellos ex funcionarios y cooperativistas, por el delito de defraudación al Estado, asociación ilícita y extorsión.
La causa se inició luego de la denuncia que presentó el Fiscal de Estado, Mariano Miranda, por una supuesta estafa de unos 60 millones de pesos, de los cuales 29 millones fueron cobrados por las cooperativas para obras del plan de vivienda “Vivir Mejor II”, que según la Fiscalía no fueron ejecutados. Los recursos de apelación fueron tres hasta ahora y se estima que casi todos los involucrados, apelarán el dictamen del magistrado de elevar a juicio oral y público.
El juez Mercau considera que hay semiplena prueba del desvío de 29 millones de pesos que el gobierno nacional envió a las cooperativas de la Red de Organizaciones Sociales para la construcción de viviendas sociales, más allá de que se presentó documentación ante el magistrado, donde se aclara que esos fondos fueron utilizados para pagar los salarios de octubre y noviembre de 2015 a los cooperativistas.
La causa se inició durante el acampe que realizaron la Tupac Amaru y la Red de Organizaciones Sociales en la plaza Belgrano, desde diciembre del 2015 hasta el 1 de febrero del año pasado, ante la falta de respuesta del gobierno de Gerardo Morales a un pedido de audiencia para reclamar por la continuidad laboral de más de 15 mil cooperativistas.
