Por Melisa Jofré

Un tema sensible para la sociedad es el que se abordará este año en el Congreso, cuando comience el debate por un nuevo Régimen Penal Juvenil. Si bien no será la primera vez (la última fue en 2009, cuando hubo una media sanción del Senado), y aunque la discusión ya arrancó por fuera del Parlamento, una iniciativa de esta índole siempre trae aparejado apoyos y rechazos.

En ese sentido, la diputada Gabriela Burgos (UCR) afirma en diálogo con parlamentario.com que “no tenemos que tener miedo de hablar de un régimen penal juvenil, porque es una realidad que si uno no la visibiliza y no la reconoce, no le puede dar una solución”.

La presidenta de la Comisión de Legislación Penal, cuerpo por el cual indudablemente pasará el tratamiento del proyecto, señala que “cualquier ley” será “mejor” que la ya existente y plantea la necesidad de abordar el debate en el resto de las provincias del país.

Por otro lado, la legisladora radical adelanta que para este año está previsto el tratamiento de un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo sobre la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y asegura que “la Argentina está en deuda” con esta legislación.

– El Gobierno nacional puso este año en la mesa el debate sobre un nuevo régimen penal juvenil…

– Sí, así es, pero este no es un tema nuevo, tenemos la media sanción del Senado de unos años atrás, lo que demuestra que no es una temática que hoy se le ocurrió al Ministerio de Justicia trabajarla. Legisladores, anteriormente, ya lo habían planteado como una necesidad. Se hizo un debate profundo, donde también se abrió el Congreso a la discusión. De hecho, el ministro (Germán Garavano), cuando planteó el tema, dijo que se tuvo en cuenta parte de esa media sanción y todos los proyectos que están presentados tanto en Cámara de Diputados como de Senadores.

No tenemos que tener miedo de hablar de un régimen penal juvenil, porque es una realidad que si uno no la visibiliza y no la reconoce, no le puede dar una solución.

– ¿Por qué es necesario una reforma en este sentido?

– Porque la ley que tenemos actualmente es de la época del Proceso, todos la queremos modificar. Cualquier ley, cualquier proyecto, va a ser mejor que el que tenemos actualmente, porque éste está inserto en un mecanismo netamente tutelar. Ya hemos derogado el patronato hace años, pero quedan vestigios de una facultad tutelar muy grande que el juez tiene en los momentos de la toma de decisiones sobre qué hacer con los menores que infringen la norma. A los menores hay que ampararlos dentro de un régimen porque, si no, están como a la deriva, no son pasibles de un régimen, no se los juzga y se los maneja y se decide solamente a discreción de un juez.

– Usted planteó la necesidad de que la discusión se traslade a las provincias, ¿qué cuestiones hay que tener en cuenta a la hora de redactar la ley para que sea aplicable en todo el país?

– Desde la comisión queríamos hacer foros regionales, llevar el debate a distintos lugares donde, quizás, haya personas no han podido venir a Buenos Aires y quieren aportar también sus ideas. Porque las realidades son distintas en las provincias, y el régimen que pueda llegar a redactarse tiene que tener el cuidado de no afectar en lo que significa el procedimiento de cada provincia, sin que constituya adolescentes o menores de una categoría en una provincia o en otra. Si vamos al mandato constitucional, las provincias se reservan esas facultades que tienen de dictar sus propios códigos de procedimiento. Este también es un tema que se trató: si este proyecto constaría de normas básicas procesales o no contaría. Particularmente, yo creo que sí, que tienen que estar establecidas para que sea una ley aplicable en todos lados, más allá de que cada una de las provincias tenga sus normas. La idea es hacerlo más federal. En el país, la posibilidad de ir a distintas regiones, y escuchar los conocimientos o las experiencias de cada uno de los jueces, fiscales, abogados, defensores, docentes que puedan aportar, sería mejor.

– ¿Qué otros aspectos abarca el RPJ además de la baja en la edad de imputabilidad?

– Uno de los errores que se ha cometido es decir que el régimen penal juvenil es sólo bajar la edad de imputabilidad. Ese es uno de los ítems que están relacionados. Por supuesto que puede haber influido de cierta manera lo del asesinato de Brian (Aguinaco), por la edad que tenía el supuesto autor. Jurídicamente hablando, en esta situación, hasta es rico el estudio que se puede hacer en la temática de esa naturaleza, porque ese supuesto culpable, imputado en la causa, acá es inimputable, pero en Perú es punible, y tiene la doble nacionalidad.

El régimen penal juvenil también abarca medidas preventivas, para no llegar a que los adolescentes o menores de edad cometan un delito. Qué medidas preventivas puede tomar el Estado para evitar llegar a eso. La justicia especializada, que no es cualquiera, necesitamos que todos los actores que intervengan directa o indirectamente en la temática sean especialistas en la materia, cosa que no ocurre. La especificidad es algo necesario y también ayuda y garantiza el cumplimiento de todas las normas, y ayuda al menor que infringió alguna norma.

Además, medidas alternativas a la privación de la libertad, a las medidas restaurativas, qué otra medida aparte de la prisión puede llegar a establecerse. Tenemos que adecuarnos a la Convención de los Derechos del Niño. Quizás haya que modificar la ley 26.061, que es la ley de protección de niños, niñas y adolescentes. Para este nuevo régimen, probablemente vamos a tener que modificar de alguna manera las normas vigentes de fondo que están hoy en día.

– ¿Qué otros temas se analizaron en las mesas de trabajo que se llevaron a cabo durante el mes de febrero?

Se analizó en qué condiciones de detención va a estar aquel menor de edad que ha cometidoa algún delito y cómo se va a trabajar para la reinserción social. Hoy en día, lamentablemente, muchos de los lugares donde se los tienen a los chicos, no son lugares en donde se apunte a la reinserción o a trabajar con la posibilidad de crear los vínculos para que puedan entender la criminalidad o la falta que han cometido a la sociedad. Asimismo, es necesario abordar el vínculo con la familia; hay que hablar no tan solo de la responsabilidad del Estado por no cumplir con todas las etapas previas, sino también cómo estuvo ausente la familia. Hay familias hoy en día en las que, cuando un menor comete un delito, ellos mismos le dicen a los jueces o fiscales ‘se lo entrego, no lo quiero tener,no sé qué hacer’.

En cuanto a los institutos, el tema del presupuesto es muy importante, porque si estamos trabajando en base a reformar todo un sistema, se van a necesitar recursos, más allá de los recursos humanos. En las provincias, y más en el interior más alejado, lamentablemente los lugares donde están los menores, no gozan de las mejores características. Muchos no están en óptimas condiciones, hay un abandono, en muchos casos fueron denunciados.

Además, hay que trabajar un sistema de información con los distintos organismos que van a intervenir, porque no es solamente el Poder Judicial. Estamos hablando de instituciones u organismos que necesariamente van a tener que trabajar de forma mancomunada, como los ministerios de Justicia, Seguridad y Desarrollo Social. Y creo que sería bueno incorporar al Ministerio de Educación.

– ¿Cuál es su opinión sobre la creación de una comisión para la reforma integral del Código Penal?

– Hubo un anteproyecto presentado en 2014, que nunca llegó a tratarse en la Cámara. Es decir, hay un trabajo previo. Creo que es sumamente necesario modificar el Código Penal, es un código implementado a principios del siglo pasado, pero donde se fueron modificando las escalas penales, se produjo la introducción de nuevas figuras. Cuando se modifica mucho un código, se va desnaturalizando el verdadero sentido que tuvo al momento de ser sancionado. Obviamente que la realidad que se tenía cuando fue sancionado no es la realidad que se tiene hoy en día. Se ha pecado en tener escalas penales para distintas figuras delictivas en distintos delitos que son muy diferentes unas de otras. Mi inquietud era plantear en qué medida la Comisión de Legislación Penal puede tener una coherencia con esta reforma, por eso lo transmití y hemos acordado que se tiene que trabajar en forma coordinada con el Ministerio de Justicia.

– ¿Qué agenda tiene trazada la Comisión de Legislación Penal, que usted preside, para este año?

– Hay iniciativas que habían tenido dictamen en la comisión y quedaron pendientes de ser debatidas en el recinto, sobre todo referidas al programa “Justicia 2020”. Uno de los temas que es importante, y que no fue tratado el año pasado, es el de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. El proyecto fue enviado, pero por cuestiones de la vorágine que fue el año pasado, no se pudo tratar. En este momento el Estado argentino está en falta con organismos internacionales, con la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), por no haber adecuado su normativa interna a las nuevas exigencias. Ya hay más de 60 países del mundo que adecuaron su legislación, y en la región el último fue Chile. Esto no es ni más ni menos que establecer de qué manera las empresas van transparentando su situación, para de alguna manera evitar e impedir los niveles de corrupción a que se suscitan a través de las personas jurídicas. Con esto me refiero a las coimas, las regalías. Incluso en muchas partes del mundo, son las mismas organizaciones las que están pidiendo al Estado sancionar norma porque las beneficia como ente societario. En ese tema, la Argentina está en deuda.

– En una de las últimas sesiones de 2016 mantuvo un fuerte cruce con algunos de sus pares del bloque FpV-PJ, por el caso Milagro Sala, ¿qué postura tiene sobre los reclamos que piden por la liberación de la dirigente?

– Milagro Sala no es una presa política, es una mujer que ha cometido delitos, quizás utilizando el camino de la política. Más que como legisladora, como jujeña, sabemos y hemos soportado lo que ha sido vivir en Jujuy durante estos últimos años. No es la abanderada de los damnificados, ni la abanderada de los pobres e inocentes. Hay innumerables testimonios de personas que han sufrido en carne propia, hechos de violencia, de abuso, de todos los niveles, violaciones de los derechos humanos cometidos por ella personalmente y ordenados por ella. Tiene innumerables causas, que no fueron inventadas. Milagro Sala es una corrupta, una mafiosa que fue la que lideró esa estructura en la provincia de Jujuy. Una estructura donde las decisiones eran tomadas por ella, donde se hizo uso y abuso del dinero destinado a fines específicos. Hay casas que no se hicieron y se cobraron; los sueños, las esperanzas de las personas han sido altamente vulneradas. Ha utilizado a través de las cooperativas el instrumento para desviar el dinero enviado para determinadas obras. Las denuncias fueron realizadas por gente que formó parte de esa organización, más allá de la denuncia del Estado. Hay que empezar a hablar de lo que es la corrupción que se generó en mi provincia, y todo esto no se podría haber llevado adelante si no hubiese sido con la anuencia del Gobierno nacional de ese momento.