Por Nilda Garré. La diputada nacional y exministra de Defensa kirchnerista se refiere a la compra de armas a Estados Unidos y critica el “ajuste” aplicado en el sector.
En su último informe ante el Congreso, el 22 de marzo, el jefe de Gabinete de ministros, Marcos Peña, mencionó un “Plan Esquemático de Equipamiento de carácter secreto”, elaborado en 2016 en el marco de un “Proceso de Planeamiento Abreviado”. Cuando fue consultado acerca de la visión del gobierno sobre la defensa nacional, Peña señaló que “el primer objetivo es reorientar la política de Defensa Nacional en base al nuevo escenario nacional e internacional”.
Sería importante saber qué tipo de equipamiento militar supone el mencionado Plan, a los efectos de conocer si parte del material solicitado en la nota del embajador Martín Lousteau, que circuló en medios periodísticos, se encuentra incorporado en el planeamiento abreviado al que refiere el jefe de Gabinete. En segundo término, sería importante saber cuál es el “nuevo escenario nacional e internacional” que visualiza el gobierno y cuál es su relación con el equipamiento militar requerido. Debe haber un plan de Defensa publicó y no secreto, que la Cámara de Diputados debe conocer.
La nota del embajador afirma, en primera instancia, el compromiso argentino con los Estados Unidos en la “lucha contra el terrorismo, el financiamiento del terrorismo, el tráfico de drogas y el delito organizado”. Es llamativo que sean estas “nuevas amenazas” las primeras referencias del embajador en una nota cuyo objetivo es persuadir al gobierno estadounidense acerca de la incorporación de determinados requerimientos de material para las Fuerzas Armadas argentinas. Amenazas que para la legislación nacional son objeto de conjuración por parte de las fuerzas policiales y de seguridad y para las cuales la intervención de las Fuerzas Armadas se encuentra completamente vedada.
A un año y tres meses de su asunción, el gobierno aún no explicitó una Directiva de Política de Defensa Nacional que determine cuál es la apreciación del escenario global y regional que tienen y que anuncian ver bajo un prisma diferente. El panorama es desconcertante. Alegan tener una visión diferente del país, de la región y del mundo, pero no explicitan por los canales institucionales cuál es. En consecuencia solicitan armamento sin ningún lineamiento estratégico que los sustente. Y aún peor, desconocen lo que establece el plexo jurídico argentino respecto a las funciones, misiones y jurisdicción de las Fuerzas Armadas. Las apreciaciones del embajador Losteau no son un hecho aislado. Constituyen la visión oficial del gobierno sobre un determinado asunto. Preocupa que se desconozca lo que establecen la Ley de Defensa Nacional, la Ley de Seguridad Interior y la Ley Nacional de Inteligencia. Si el embajador se extralimitó o equivocó en sus apreciaciones, sería conveniente que la Cancillería lo informara. Cosa que hasta el momento no ha hecho.
El ajuste en el sector Defensa
Los medios de prensa han dado cuenta que lejos del supuesto “rearme”, el lunes 20 de marzo el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (EMCO), Teniente General Bari del Valle Sosa, hizo una presentación de propuesta de “reducción de gastos” ante el presidente Macri y los vicejefes de gabinete, Gustavo Lopetegui y Mario Quintana. Del encuentro también habrían participado el ministro de Defensa, Julio Martínez, el senador Federico Pinedo, los jefes de las tres fuerzas y funcionarios de diversas carteras, entre ellos la plana mayor del Ministerio de Defensa.
Allí Macri habría afirmado “suscribo a todo, hay que unificar y reducir gastos, acostúmbrense a que no hay plata”. El presidente habría dispuesto, asimismo, “hacer un estudio de consultoría externa para revisar en detalle la estructura del gasto en las Fuerzas Armadas”. El ministerio de Defensa estaría atravesando una situación similar a la del resto de las carteras. Todavía más, la supuesta presentación de Sosa Bari, cuyas filminas son reproducidas en las notas periodísticas menciona “ahorros” muy significativos en el área. En 2016 se habrían ahorrado $4.615 millones, provenientes en su mayor parte ($3.883 millones) a la paralización del proceso de remotorización del Pucará que se llevaba adelante en la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA). La propuesta de racionalización del gasto jurisdiccional ascendería en 2017 a $4.326 millones, contemplándose la venta de 12 inmuebles de las fuerzas armadas por la suma de $ 335 millones.
No parece tener asidero la hipótesis de un “rearme” en el sector Defensa. La prácticamente nula incorporación al sector de los medios listados en los anexos de la nota del embajador Lousteau y los compromisos de “ahorro” del Jefe del Estado Mayor Conjunto constituyen la verdadera realidad que afecta al sector.
