Desde la CNV salen al cruce de una denuncia kirchnerista

Patricia Boedo, funcionaria de la Comisión Nacional de Valores, fue mencionada en el mapa de “conflictos de interés” del Gobierno que difundió el bloque del FpV-PJ la semana pasada, y expresó su réplica.

En una nueva conferencia de prensa destinada a cargar contra el Gobierno de Cambiemos, el bloque de diputados del Frente para la Victoria-PJ presentó el miércoles pasado un mapa ilustrativo de casos de “conflictos de interés” que según ellos involucrarían a funcionarios nacionales.

En esa presentación, el titular del bloque, Héctor Recalde, habló de una “telaraña de intereses” que supuestamente involucra al propio presidente Mauricio Macri. En ese marco, Recalde señaló que “a veces uno se pregunta si hay conflicto de intereses o si en realidad hay intereses del pueblo en conflicto”.

En el informe difundido por la bancada kirchnerista que publicó parlamentario.com se hace una serie de imputaciones entre las cuales se menciona a la vicepresidente de la Comisión Nacional de Valores, Patricia Boedo, presentándola como “abogada del Estudio Bruchou, Fernández Madero y Lombardi”.

El informe señala que “desde que asumió Boedo, el estudio al que pertenecía la funcionaria comenzó a ser contratado como asesor legal para la colocación de deuda del Estado nacional y de algunas provincias”.

Patricia Boedo hizo saber a parlamentario.com que se desempeña en la comisión Nacional de Valores “desde el mes de febrero del año 1999 en forma ininterrumpida hasta la actualidad, y que nunca trabajó en dicho estudio jurídico, ni en ningún otro vinculado con el mercado de capitales”.

Boedo precisa entonces que “la información brindada es absolutamente falsa, deriva en una injuria hacia mi persona, mi honor y a los valores que han signado mi vida por siempre”.

En la presentación realizada por el bloque kirchnerista le apuntaron a los decretos firmados por el presidente la semana anterior para regular las situaciones en las que pudieran surgir conflictos de intereses en la administración pública, incluyendo a familiares de funcionarios.

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