Pensar que se trata de un problema aislado, circunscripto a un sindicato complejo, o a la “prepotencia gremial” como por estos días calificaron los medios al conflicto que, ya desde el viernes, mantiene en vilo a los cordobeses de a pie, los que dependen del transporte urbano para asistir a sus trabajos, a las escuelas, es un análisis no ya simplista, sino además sesgado.

Y el sesgo –no exento de intencionalidad política– parte del propio intendente Ramón Mestre, cuando apela a incorporar a su cruzada a los sufridos usuarios del pésimo servicio de transporte, el servicio público cuya responsabilidad de brindarlo es de la Municipalidad de Córdoba que él conduce. “Basta de poner a los vecinos de rehén”, dijo con efusión el intendente, eludiendo su alta cuota de responsabilidad.

Pero de lo que no se habla, es que el conflicto no puede escindirse de las políticas nacionales hacia los trabajadores, con techos en las discusiones paritarias, avances en los derechos laborales, proyectos de flexibilización… o, lo que puede sintetizar todo eso: la reducción del costo laboral de las empresas vía disminución del salario por efectos de la inflación y negociaciones paritarias a la baja.

El caso de la Unión Tranviarios Automotor de Córdoba es paradigmático: un gremio que negocia a nivel nacional paritarias; la Seccional Córdoba intervenida; rechazo al acuerdo salarial que se considera insuficiente y firmado a espaldas de los trabajadores.

Que haya saltado en Córdoba no es una novedad: la historia de luchas gremiales contra el centralismo y las políticas antipopulares debería hacer reflexionar a quienes se empecinan en tensar la cuerda. En Córdoba se puso en cuestión la política laboral del Gobierno Nacional.

El poder político de Córdoba, tanto el provincial como el municipal, quedaron ellos sí rehenes de la administración de Cambiemos a nivel nacional. Como nunca antes, deben salir a bancar los trapos a los lineamientos políticos y económicos que bajan desde la capital.

En el caso de la Municipalidad, el poder más expuesto por estos días, es lamentable que la respuesta al conflicto haya sido fomentar el enfrentamiento entre trabajadores. La medida marketinera de habilitar a taxis y remises para transportar pasajeros por 15 pesos es vergonzosa. Absurdo intento por quebrar la huelga y poner a pobres contra pobres en la compulsa. Porque está lejos el intendente de avanzar en la solución de fondo del conflicto (donde, claro, no está ausente el deficiente servicio, por falta de unidades y frecuencias que no se ajustan a los pliegos; o el costo del pasaje para el usuario, lejos el más caro del país; y ni qué hablar de los negociados con las concesionarias, un tema que lo plantearon los delegados que encabezan la huelga pero que ningún medio ha reproducido, por caso, todavía no se explicó qué fue de Autobuses Santa Fe y cómo es que apareció de repente otra empresa llamada Autobuses Córdoba). Ya la Municipalidad, desde hace unas semanas, con sus empleados afiliados al SUOEM, había embestido fuertemente en la misma línea: poner a la población en contra de los trabajadores por sus sueldos. La ilegal publicidad de la lista de empleados, incluyendo sus datos personales, se hizo previo a un decreto de Mauricio Macri habilitando el procedimiento de Mestre, de manera idéntica, para todos los agentes públicos que dependen del Estado Nacional. Tampoco será casual que los conflictos latentes y que involucran a trabajadores cordobeses, correspondan a dos gremios que, históricamente, han mostrado una fuerte decisión de defender sus salarios y de resistir todo intento por quitarles los derechos adquiridos.

Estalló en Córdoba. ¿Es premonitorio? Lo desconozco, pero la profundización de políticas de ajuste, caída del empleo y reducción de los salarios, según cualquier manual lleva al estallido, en el sector menos esperado y aun cuando parezca todo controlado.