El Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley de libertad religiosa, que fue elaborado en consenso con la mayoría de los credos que conviven en el país.

En la iniciativa se incorporan derechos para todas las religiones en forma igualitaria y se suma el concepto de la objeción de conciencia, entre otras modificaciones a la ley actual.

En caso de ser aprobada, la norma reemplazará a la vigente (N°21.745), que fue sancionada en 1978 durante la dictadura cívico militar.

En declaraciones a la agencia Télam, el secretario de Culto, Santiago de Estrada, destacó que “Argentina tiene una tradición de libertad de cultos y convivencia histórica entre ellos que se viene incrementando cada vez más”.

“Cuando era arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio contribuyó mucho en esta tarea. Y esta ley cristaliza esa tarea en un proyecto que asegura la libertad de cultos, garantiza los derechos de cada uno y sigue la línea que en el país ya se viene desarrollando desde hace tiempo”, agregó.

El texto ingresó por la Cámara de Diputados a principios de esta semana, con la firma de la saliente canciller Susana Malcorra, y será tratado en la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, que preside la diputada Cornelia Schimidt Liermann (Pro). No obstante, resta definir si tendrá también giro a otras comisiones como la de Justicia y Legislación General.

“Tenemos muy buenas expectativas en cuanto a su tratamiento en el Congreso porque es un proyecto consensuado con la mayoría de las organizaciones religiosas, sobre un tema que no presenta ningún conflicto, que no es una ley con sentido político, ni compromete presupuesto”, remarcó por su parte el subsecretario de Culto, Alfredo Abriani.

Tras una ronda de consultas de varios meses, la iniciativa oficial logró el apoyo de la Conferencia Episcopal Argentina, la Mesa Consultiva de Federaciones y Asociaciones de Iglesias Evangélicas de la Argentina, la DAIA y la AMIA, el Centro Islámico de la Argentina, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (Mormones) y la Católica Apostólica Ortodoxa del Patriarcado de Antioquía, entre otros.

Si bien no modifica el estatus de la Iglesia Católica Apostólica Romana en el país, incorpora una serie de derechos reclamados por organizaciones religiosas que, en muchos aspectos, las pondrán en un pie de igualdad con la católica.

Desde el regreso de la democracia, hubo varios intentos -más de 30 proyectos- en el Congreso para modificar la ley de la dictadura pero ninguno prosperó. Lo más cerca que se estuvo de aprobarse fue en 1993 con la denominada “ley Centeno” que logró sanción unánime en el Senado pero luego perdió estado parlamentario.

Sin embargo, actualmente, con la modificación introducida en 2015 al Código Civil y Comercial que reconoce la personería jurídica a las iglesias, el camino parece estar más allanado.

Uno de los principales cambios que incorpora el proyecto es que la inscripción en el Registro Nacional de Cultos -que pasará a llamarse Registro Nacional de Entidades Religiosas- deja de ser obligatoria y pasa a ser optativa; de esta manera, se pasa de un “sistema de control y vigilancia” de las comunidades religiosas, a uno donde “se valora la libertad religiosa prevista en la Constitución Nacional”, según destacan en la secretaría de Culto.

Además introduce el concepto de “adecuación razonable” en el ámbito laboral -una especie de garantía para los trabajadores de no verse forzados a laborar días incompatibles con sus creencias o bien realizar prácticas que violenten las mismas- así como el concepto de “objeción de conciencia”.

“La libertad religiosa, además de su faceta positiva, entendida como la facultad de organizar y conducir la vida siguiendo los dictados de la conciencia personal, presenta su dimensión negativa: el derecho a no ser forzado a actuar en contra de ella”, según explica el texto de la norma.

Este derecho puede ser ejercido, por ejemplo, en el caso de “prestación del servicio militar, cumplimiento de tareas profesionales en el ámbito sanitario, sometimiento a tratamientos médicos, homenaje activo a símbolos patrios, juramentos, actividad laboral o escolar en días de fiesta o descanso religioso”, se detalla.