La Unión de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (UART), informó que en mayo pasado se notificaron 12.765 juicios en la Argentina, de los cuales 20,7%, unos 2.643, ingresaron a las ART en territorio bonaerense. Además, destacó que en los primeros cinco meses del año se recibieron 10.182 notificaciones en la provincia, de las 55.321 total acumuladas en ese período en el país, o sea, el 18,4%.

Mientras que a nivel nacional el aumento interanual de juicios (mayo 2016 vs. mayo 2017) fue del 20%, en la provincia de Buenos Aires ese crecimiento alcanzó 104%, revelaron las aseguradoras, a lo que agregaron que el incremento en los primeros cinco meses fue de 49% en el distrito bonaerense, mientras que en el país subieron 24%.

En este marco, las compañías expresaron su preocupación por el inicio de los procesos en lo que va del año y la falta de regulación. “Las cifras constituyen una alerta de por sí, aunque cobran mayor relevancia aún con motivo del no avance en el tratamiento legislativo de la adhesión a la Ley nacional 27.348, que fue aprobada en la Cámara de Diputados provincial, pero se detuvo en el Senado por falta de acuerdo de la oposición”, enfatizaron en la UART.

La Ley 27.348 fue aprobada por el Congreso en febrero de 2017, tras un acuerdo entre el Gobierno nacional, la oposición, empresarios y sindicatos. “El Poder Ejecutivo tomó la iniciativa de abordar un ajuste al procedimiento para fijar las incapacidades en el sistema de Riesgos del Trabajo”, rememoró la Unión, pero aclaró que “tratándose de un aspecto de procedimiento es preciso que para que entre en vigencia, cada provincia adhiera mediante una ley provincial propia, a ser tratada por las respectivas legislaturas”. El distrito exceptuado es la Ciudad de Buenos Aires, donde la nueva norma se aplica directamente a través de la Justicia nacional, por la falta de una Justicia local competente.

Las ART sostuvieron que la adhesión en cada provincia permitirá “separar casos con incapacidades reales de casos fraguados, como así también darle celeridad al tratamiento y pago de los que sí tienen incapacidades reales”. Con este objetivo, la ley creó “un procedimiento administrativo previo en las Comisiones Médicas, para evaluar las dolencias de las personas”, y precisó la eventual afectación en las capacidades individuales, antes de llegar a la instancia del juicio.

También previó “la regulación de honorarios de los peritos en función del trabajo realizado, es decir, desacoplarlos del porcentaje que determinara la pericia” y formalizó “la utilización de la Tabla de Evaluación de Incapacidades (Baremo) prevista en la Ley 27.348, a fin de objetivar el porcentaje de incapacidad correspondiente a cada daño”.

A criterio de la UART, esta ley nacional pretendió “plasmar en blanco sobre negro el alcance de la cobertura y del cálculo de la indemnización, a fin de dar certidumbre a ambas partes (empresarios y trabajadores) y celeridad en el acceso a la indemnización, y esperar que la justicia valide estos parámetros de referencia si los casos llegan a su ámbito”. Con motivo de la aprobación de la ley también se incrementaron las indemnizaciones en más de un 45% promedio, recordó la UART.

La entidad también llamó la atención sobre “la mudanza de casos del interior del país a la CABA, en parte motivada por la tasa de interés aplicable (actualmente fijada en el 36% anual)”, pero ahora enfatiza también sobre “el crecimiento exponencial en provincia de Buenos Aires”.

“La tasa de crecimiento en las notificaciones de juicios, se comporta en forma paradójica respecto de los indicadores de buen desempeño que posee el sistema”, ya que según datos oficiales el mismo registra una caída sistemática en la cantidad de accidentes y de fallecidos en el ámbito del trabajo, del 30% y del 70%, respectivamente, como así también un aumento importante en las indemnizaciones, que se multiplicaron casi por siete en los últimos cinco años, a las que, adicionalmente, se aplica la tasa activa del Banco Nación y en los servicios que se brinda a trabajadores y empleadores.