Al participar en el debate de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, el presidente de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, Gustavo Hornos, calificó de “trascendente e importante” el debate planteado para aprobar una ley de Responsabilidad Penal Empresaria, llamó al Poder Legislativo a “ponerse a la cabeza de la lucha contra la corrupción”.

“Todos podemos estar de acuerdo en lo básico, que es la lucha contra la corrupción”, señaló, calificando de “desafío para los legisladores” la tarea emprendida para aprobar una ley que consideró “compleja” y que es en algunos puntos “inédita para nuestro país”.

Tras apuntar que a esta altura de la democracia ya no alcanza con “el contenido y la forma democrática”, por cuanto “la sociedad discute los fundamentos, la constitucionalidad, las sentencias y las leyes”, y puso como ejemplo los debates recientes sobre el 2×1, o los homicidios culposos, secuestros extorsivos, de donde emergen leyes que son producto de “las exigencias sociales”.

Hornos advirtió que “no hay posibilidades de una democracia sólida sin una justicia independiente, efectiva, cercana a la gente, para poder efectivizar todas estas normas”, al tiempo que consideró que el principio del proyecto que ya tiene media sanción de Diputados parece ser que “nadie está por fuera de la ley”.

Tras señalar que el eje del sistema jurídico es la persona humana, señaló que en este caso las personas jurídicas hacen también a “la conducta humana de quienes las conforman”. Así las cosas, “el objeto es darle mayor eficacia en políticas de prevención y lucha contra la corrupción”.

Lo principal en esta ley es, dijo, la implementación de programas de integridad para que las personas jurídicas cooperen con las autoridades estatales. “Esta es una herramienta que trae este proyecto, que es absolutamente interesante”, agregó. El juez puntualizó que “el mensaje del Poder Ejecutivo con este proyecto está referido a delitos contra la administración pública, lo que llamamos de corrupción”.

En este marco, Gustavo Hornos consideró que “el Poder Legislativo tiene que ponerse a la cabeza de la lucha contra la corrupción”, y entre otras cosas “adaptar el sistema argentino a estándares internacionales. Ese es el compromiso”.

En referencia al acuerdo de colaboración eficaz que prevé la ley, señaló que esta cooperación consistiría en “la revelación de información que produciría la suspensión de la persecución penal”. En ese sentido sostuvo “la importancia de esta herramienta que constituye un cambio paradigmático en la investigación de delitos de corrupción en la Argentina”. Empero, Hornos señaló que “debemos hacerlo con mucho cuidado y seriedad. Otros países lo están haciendo”, y puso como ejemplo obvio a Brasil, recordando que estuvo recientemente con el juez (Sergio) Moro, que está al frente de la investigación del Lava Jato. Allí las investigaciones las desarrolla el Ministerio Público Fiscal, pero “pudieron hacer lo que nosotros parece que no podemos: sentencias, procesos de breve duración”, que comparó con lo que en nuestro país son “procesos que duran 15 o 20 años, una generación…”.

Frente a esta dimensión de tiempo, consideró que “huelgan las palabras, no hay argumentos que defiendan, por más que sean complejas las causas, no hay argumentos que avalen que dure 20 años un proceso penal. Eso es un fracaso”.

Por tal motivo llamó a “tomar medidas realistas. Hoy se nos proponen medidas que están basadas en la incentivación para que las personas jurídicas cooperen en la detección y la investigación”.

En el proyecto en cuestión, los elementos principales son acuerdos de colaboración y programas de integridad. Los acuerdos de colaboración son con el Ministerio Público Fiscal, y los programas de integridad se asumen como factor atenuante, pero consideró que tienen un objeto concreto. Al respecto señaló como punto central “la responsabilidad de las empresas cuando efectúan un control adecuado”, esto es el control de integridad que tienen todas las empresas.

Ahí pidió una interrupción el senador salteño Rodolfo Urtubey, que aclaró que los programas de integridad no deben ser tomados como que estén generando “una impunidad de hecho”. Por el contrario, estimó que si la compañía montó un programa de integridad y “el sistema fue vulnerado por la persona, este programa tiene que tener una consecuencia de atenuación y/o eximición de responsabilidad. No es un salvoconducto para lograr impunidad de algún funcionario de la empresa, porque ese proceso va a continuar contra el mismo en la persona física, pero no implicar una consecuencia punitiva a la persona jurídica que montó debidamente un programa de integración”.

El juez Hornos dijo estar “plenamente de acuerdo” con eso. “Si la ley lo que procura es incentivar la cooperación de personas jurídicas, prevenir los delitos de corrupción, y facilitar la detección de los delitos, necesariamente esos programas de integridad, cuando son cumplidos adecuadamente, tienen que cumplir la meta que se busca -dijo-. Estoy seguro de que la persona jurídica que cumple con este programa de integridad completo, y es adecuado, como propone el PEN, debe excluirse la sanción a la persona jurídica. Por eso es lo que se procura que la persona jurídica colabore en la detección e investigación” del delito.

En ese momento el senador Miguel Pichetto también intervino para recordar que hoy vivimos en “un mundo complejo en términos del trabajo” y advirtió sobre las consecuencias de sumar “una ley que gravite fuertemente y que inquiete a los futuros inversores sin darles un incentivo”. Por eso consideró positivo que si la empresa ha cumplido con un programa de integridad, “darle la salida para que tengan motivación de hacer las cosas bien”.

“Puede parecer paradojal, pero esto es para las empresas un incentivo para venir a la Argentina, sabiendo que su inversión va a estar segura”, apuntó el magistrado, remarcando que “la lucha contra la corrupción hace a las inversiones”.

Lo que procura la ley es entonces, dijo Hornos para concluir, brindar “prevención y eficiencia en el castigo. Para que esta prevención de la corrupción sea efectiva, se incluye esta categoría jurídica novedosa para la Argentina, que son los programas de integridad propios de la empresa. Que la empresa desde adentro se controle. De manera que este punto de equilibrio hay que buscar. Es el punto de equilibrio que reclama el derecho en todos los cambios. Todo en el derecho procura equilibrio. Y necesariamente en esto estamos todos en la misma idea”.

“La lucha contra la corrupción es una tarea colectiva y un cambio cultural a todos los niveles, político, judicial, social, empresarial, es un cambio de país que debemos afrontar. Creo que este sistema contribuye al progreso de país”, terminó Gustavo Hornos.