Por la causa Río Turbio, el fiscal Germán Moldes calificó al exministro y actual diputado como “gran tramoyista de las inversiones de la obra pública” y solicitó su rápido desafuero.
Todo se complica para el diputado nacional Julio De Vido. Un día después de que renunciaran sus abogados, y a pocos días del inicio del juicio oral que lo sentará en el banquillo por la tragedia de Once -que a pesar de no contar con abogados fue confirmado por el Tribunal que lo juzgará-, ahora el fiscal de Cámara Germán Moldes pidió su inmediata detención, en un dictamen de muy duro contenido.
Es en la causa por una presunta defraudación millonaria relacionada con la mina Río Turbio, por la que ya en su momento el fiscal Carlos Stornelli le pidió al juez federal Luis Rodríguez su detención. Ahora el fiscal Moldes advierte que en su condición de diputado nacional, De Vido tiene “capacidad de incidencia y negociación”, por lo que pide su desafuero “con la premura y firmeza del caso”.
Recordemos que la Sala II de la Cámara Federal había reconvenido al juez interviniente para que valorara la situación de los imputados, haciendo lugar a una queja del fiscal Carlos Stornelli. Rodríguez había rechazado el pedido al considerar que ninguno de los imputados incurría en las causales que hicieran necesario ordenar sus detenciones.
Según informa el portal Infobae, en su escrito Moldes advierte que “no hace falta saber leer debajo del agua para entender que el único de los imputados que hoy puede considerarse en posesión de vinculaciones con ‘el poder público y sus influencias’ se llama Julio M. de Vido, hoy parapetado tras la protección que le brindan sus fueros parlamentarios”.
En una particular definición, Moldes advierte que “no queremos que, curiosamente, las cosas terminen sucediendo al revés y nos quedemos con el mediomundo lleno de mojarritas y el tiburón nadando en aguas abiertas”.
Así las cosas, considera “imperioso adecuar y agilizar los procedimientos que la Constitución Nacional prevé para lograr un efectivo sometimiento a proceso y, en su caso, la eventual restricción efectiva de la libertad del único imputado actualmente en el ejercicio de poder político (por su condición de diputado nacional) y con acceso a la capacidad de incidencia y negociación que tan alta función le habilita”.
