El legislador del FpV Pablo Ferreyra propone eliminar los artículos que, a su juicio, terminan brindándole a las fuerzas de seguridad justificativos para “abusos, extorsión y discriminación”.
“Estigmatización y criminalización”, son los argumentos que llevan a un diputado del Frente para la Victoria a pedir la derogación de dos artículos de la ley del Código Contravencional de la Ciudad que penaliza la oferta y demanda de sexo en espacios públicos, argumentando entre otras cosas que la prohibición ha redundado “en un sistema de aplicación selectiva, persecutoria y discriminatoria”.
Autor de la iniciativa es el legislador porteño Pablo Ferreyra, quien presentó un proyecto de ley que busca derogar el artículo 81 del Anexo de la Ley N° 1472 como así también la cláusula transitoria del Anexo de la Ley N° 1472, del Código Contravencional de la Ciudad. Los mismos sancionan la oferta y demanda de sexo en los espacios públicos.
“Buscamos adecuar la normativa de la Ciudad, no sólo a los principios establecidos en la Constitución Nacional y Tratados Internacionales, sino también, al resto de la normativa local y a la jurisprudencia e interpretaciones establecidas por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad y la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, argumenta Ferreyra, quien sostiene que “la criminalización se ha convertido para las fuerzas de seguridad en un justificativo para abusos, extorsión, discriminación, violencia institucional/social e impunidad sobre estos sectores vulnerables”.
El proyecto al que accedió parlamentario.com agrega que “la tipificación que establece el art. 81 agrava la situación de vulnerabilidad de un sector de nuestra sociedad a la cual el Estado debería proteger, transformándolo en víctima de atropellos y abusos”.
Al momento de brindar motivos que lo impulsan a solicitar la derogación de los artículos mencionados, Ferreyra señala en primer lugar que “la norma contradice el derecho a la libertad individual y el principio de reserva constitucional”, como así también “no satisface el principio de lesividad”. A su juicio, la prohibición ha redundado en “un sistema de aplicación selectiva, persecutoria y discriminatoria”, al tiempo que “ha demostrado su ineficacia y su capacidad de daño”.
Para Ferreyra, “la norma no supera el examen de razonabilidad” y contradice el principio “constitucional de pluralidad”.
“La prohibición establecida en el artículo 81 contradice el derecho constitucional a la autonomía y el principio de reserva constitucional, contenidos en el artículo 19 de la Constitución Nacional, que establece que ‘las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados’”, agrega Ferreyra.
Asimismo sostiene que puede presuponerse que el justificativo de la punición puede ser la reacción de molestia, desagrado que despierten en los vecinos, y “aun considerándola injustificada como para tener la entidad tiene la entidad suficiente para configurar el daño a terceros que se debe exigir para prohibir una acción, puede resultar un factor de presión para penalizar una conducta en violación de las garantías constitucionales”. Sin embargo, agrega, se observa en los datos que solo el 0,76% de las detenciones se producen por denuncias de vecinos. El restante 99,24% fue iniciado producto de la intervención directa de las fuerzas de seguridad.
La iniciativa del diputado kirchnerista cuenta como antecedente proyectos presentados por María Rachid en 2014, Enrique Rodríguez en 2001, y Diana Maffía en 2011. Este último fue presentado en coautoría con diputados de todas las fuerzas políticas como Carolina Stanley, Diego Kravetz, Gonzalo Ruanova, Claudio Presman, María América González, Marcelo Parrilli, María José Lubertino, Gabriela Alegre, Juan Cabandié, Mateo Romeo, Adrián Camps, Julio Raffo, Fabio Basteiro, Rafael Gentili, Raúl Fernández, Sergio Abrevaya y María Elena Naddeo , entre otros.
El diputado Pablo Ferreyra sostiene que “la norma cuestionada no ha logrado el cometido que se ha propuesto, esto es ‘proteger’ el espacio público, por el contrario la norma ha habilitado excesos, su aplicación se ha desvirtuado y ha servido a fines ajenos a los propuestos mediante su sanción. Esta norma poco aporta en términos de resolver la situación social que muchas veces es determinante de la problemática. La herramienta punitiva sólo ha servido como una excusa para habilitar el ejercicio arbitrario de poder punitivo por parte de las fuerzas de seguridad sobre personas altamente vulnerables”.
Sostiene que el texto del artículo 81 tampoco ha servido para luchar contra el proxenetismo ni contra las coimas y extorsiones que organizaciones delictivas cobran a quienes ejercen la prostitución. Por el contrario, agrega, “el sistema actual ha aumentado la existencia de ilegales redes de protección particulares y policiales”.
“La política punitiva sumerge aún más en la marginalidad a los sectores más vulnerables, la judicialización y la estigmatización les imposibilita el acceso a otras ofertas laborales o progreso económico que modifiquen su situación”, finaliza Ferreyra en la presentación del proyecto.
