Por presuntas irregularidades en el Puerto de Buenos Aires, Carrió y Martínez Villada presentaron una denuncia ante la Justicia.
Las diputadas nacionales por la Coalición Cívica Elisa Carrió y Leonor Martínez Villada le pidieron a la Justicia que se cite a declaración indagatoria a la ex presidenta Cristina Kirchner y al exministro de Interior y Transporte Florencio Randazzo, por la presunta falta de control por parte del Estado Nacional en una trama delictiva ocurrida entre 2011 y 2015, en el Puerto de Buenos Aires, se informó desde ese espacio político.
“Pedimos a la Justicia que cite a indagatoria a la ex presidente de la Nación Cristina Fernández de Kirchner y al ex ministro del Interior y Transporte Aníbal Florencio Randazzo, ya que ellos eran los responsables de controlar el normal funcionamiento del único puerto que es propiedad del Estado Nacional”, expresaron en la presentación que se sorteó hoy mismo y recayó en el Juzgado Federal número 12, a cargo del juez Sergio Torres.
Las diputadas pidieron que la medida alcance a los directivos y socios de las empresas que llevaron a cabo las maniobras, entre ellos Daniel González, accionista mayoritario de APC S.A.
El pedido de investigación apunta al cobro bajo extorsión de un seguro para obtener un certificado denominado TAP (Transporte Argentino Protegido) que condicionaba el ingreso y egreso de contenedores sin ningún aval legal que lo estipule. Dicho certificado consistía en una póliza de seguro por daños parciales y/o totales ante posibles lesiones al contenedor, según se explicó.
La presentación pide citar a indagatoria a la expresidente de la Nación Cristina Fernández de Kirchner y al ex ministro del Interior y Transporte, Aníbal Florencio Randazzo, “ya que ellos eran los responsables de controlar el normal funcionamiento del único puerto que es propiedad del Estado Nacional”.
El abogado de las diputadas Gregorio Hernández Maqueda, expresó que “sin la complicidad de estos funcionarios hubiese sido imposible para las terminales exigir el pago de los 85 dólares por contenedor en beneficio de una empresa privada como es APC S.A.”.
El cobro del TAP se comenzó a exigir coercitivamente en 2011, como parte de un convenio entre las firmas IVETRA S.A (Instituto Verificador del Transporte S.A.), APC S.A (Administrative Processing Center S.A.), Bureau Veritas, la Cámara de Terminales concesionarias del Puerto de Buenos Aires, y la Cámara de Importadores de la República Argentina, pero sin el aval expreso del Estado Nacional, que, a través del Ministerio del Interior y Transporte que encabezaba Florencio Randazzo, controlaba la Administración General de Puertos Sociedad del Estado (AGP S.E.), ente que tiene a su cargo el ejercicio del poder de policía sobre el ámbito portuario.
“El TAP sólo era ofrecido por APC S.A. y las Terminales portuarias no admitían seguros contratados libremente por el importador/exportador, por lo que se avaló desde el Estado un monopolio de mercado”, indicó el abogado Hernández Maqueda.
