La Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, que preside Pedro Guastavino (PJ-FpV), retomará este martes desde las 16 el debate sobre la reforma a las leyes del Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa.

El proyecto, presentado por el tándem Federico Pinedo-Miguel Pichetto, fue apurado por Cambiemos tras la renuncia de la procuradora Alejandra Gils Carbó. Si bien la intención del oficialismo era firmar dictamen la semana pasada, el despacho se frustró por diferencias dentro del peronismo y varias críticas que senadores del ala kirchnerista realizaron a la iniciativa. Además, en esa jornada se escuchó a una larga lista de expositores, entre ellos el ministro de Justicia, Germán Garavano.

Entre los cambios que se prevé recibirá la iniciativa, uno de los principales tiene que ver con el tipo de mayoría necesaria para remover al futuro procurador. El proyecto habla de mayoría absoluta en ambas cámaras (129 votos en Diputados y 37 en el Senado), pero por las críticas que recibió esta modificación se mantendría el requisito de los dos tercios de los votos en la Cámara alta, como sucede actualmente.

En el caso de Diputados, donde hoy también se necesita una mayoría agravada, bastaría con mayoría simple (la mitad más uno de los presentes). La diferencia principal con la legislación actual es que el proceso de remoción no será estrictamente un juicio político, ya que ese mecanismo fue declarado inconstitucional por un fallo del juez de primera instancia Pablo Cayssials.

El futuro jefe de los fiscales deberá ser designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado por mayoría absoluta de sus miembros, si se aprueba el proyecto de la dupla Pinedo-Pichetto. En la actualidad, el nombramiento -al igual que la remoción- exige los dos tercios.

Otra novedad que incluye el proyecto es que además de la causal de mal desempeño para solicitar la remoción del procurador, se agregarán otras dos causales: crímenes comunes o delito en el ejercicio de sus funciones. Esto significa que Gils Carbó, por ejemplo, podría haber sido removida por este motivo cuando fue procesada por el juez Julián Ercolini en la causa por la compra del edificio para la Procuración.

De aprobarse la reforma de la ley actual, la remoción podrá ser solicitada desde la Cámara de Diputados y también por el Poder Ejecutivo, con las mayorías antes mencionadas en ambas cámaras. El candidato deberá cumplir con los requisitos hoy vigentes y deberá ser sometido a una audiencia en la Comisión de Acuerdos del Senado, cuya presidencia hoy está en manos del peronismo, con el salteño Rodolfo Urtubey, que tiene mandato hasta 2019.

La iniciativa establece que el procurador dura en su función por cinco años con posibilidad de reelección por otros dos, por única vez, ya que hoy el cargo es vitalicio. “Al ser un órgano unipersonal y vitalicio a la vez, eso le daba mucho poder a quien lo encabezara”, explicó a parlamentario.com un legislador que estudió y trabaja en el tema.