Cambiemos solo contó con el apoyo del bloque Justicialista, que planteó una serie de modificaciones. Hubo tres dictámenes de minoría presentados por el Frente Renovador, el Frente para la Victoria y la izquierda.
Cambiemos deberá seguir negociando con la oposición para poder aprobar en el recinto de la Cámara de Diputados la nueva ley de Defensa de la Competencia, que busca castigar la cartelización y dar una señal positiva en la lucha contra la inflación.
La denominada ley “antimonopolios”, que surgió de dos proyectos unificados de los diputados Mario Negri (UCR) y Elisa Carrió (Coalición Cívica), recibió dictamen de mayoría este miércoles durante un plenario de las comisiones de Defensa del Consumidor, Comercio, Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda.
A pesar de las negociaciones que activó el oficialismo con la oposición pasadas las elecciones, el Frente Renovador no firmó el despacho y presentó su propio dictamen que incluye a la “ley de góndolas” impulsada por ese espacio. Así, Cambiemos solo contó con el apoyo del bloque Justicialista, que planteó modificaciones. Los otros dos dictámenes de minoría fueron del Frente para la Victoria-PJ y la izquierda.
En el arranque del debate, el macrista Daniel Lipovetzky adelantó que junto a Anabella Hers Cabral (Pro) firmaría en disidencia el artículo referido al Tribunal de Defensa de la Competencia, al considerar que “todos” los miembros “deben ser abogados” y “no dejarlo abierto a otras profesiones” porque quienes lo integren “van a tener que resolver cuestiones de derecho”.
Portavoz de Carrió, el diputado Fernando Sánchez aseguró lo “necesario” que resulta una nueva ley, porque hasta ahora “la autoridad pública se sentía impotente frente al poder de ciertos sectores” y “la ley actual permite hacer mucho más de lo que se venía haciendo”.
El legislador de la Coalición Cívica afirmó que esta iniciativa dotará de “herramientas” al Estado para que “no digamos más que no se puede”. “El gobierno de Cambiemos piensa que esto es una política central porque tenemos que transparentar el mercado”, agregó.
Destacó que el Tribunal de Defensa de la Competencia “no sea de un solo miembro” y que haya un mecanismo de designación mediante “concurso público” para evaluar “la idoneidad” de los integrantes. En este sentido sostuvo que estarán las “garantías necesarias para que después nadie dude de sus fallos”.
Respecto de las multas y sanciones, Sánchez apuntó que a los infractores de la ley “tiene que dolerles la sanción” y que la norma actual en este aspecto “está tremendamente desactualizada”.
A su turno, el massista Marco Lavagna consideró que “el objetivo final” de la nueva ley no debe ser solamente “el aumento de penas”. “Hay que analizar cómo hacemos para que antes que se cometan -los abusos-, los evitamos”, expresó.
Además, señaló que en el país “ya hemos tenido tribunales que después, por falta de voluntad política, no terminaron funcionando ni constituyéndose”. Y enfatizó que la cuestión central es la que respecta a los minoristas, ya que “es ahí donde se producen muchos de los abusos que termina pagando el consumidor”.
Por lo tanto, dijo que el Frente Renovador presentaría su propio dictamen que incorpore a la denominada “ley de góndolas” para “asegurarnos que en las góndolas haya diversidad de productos”.
Por el bloque Justicialista, el diputado Diego Bossio alertó que la aplicación de la ley trae aparejada la creación de nuevas estructuras burocráticas, pero manifestó su apoyo y propuso modificaciones.
En su discurso, subrayó que las PyMEs “siempre están sujetas a las grandes estructuras económicas” porque las cadenas de supermercados “son las que ponen las condiciones”.
Bossio consideró que el proyecto “viene a profundizar los mecanismos en materia de defensa de la competencia” y que “es de avanzada” y tiene un “buen diseño”. También calificó como una “figura interesante” la creación del Programa de Clemencia. Propuso que los integrantes del Tribunal de Defensa de la Competencia requieran de acuerdo del Senado, punto que fue aceptado por Cambiemos.
En rechazo a la iniciativa, el legislador Pablo López (FIT) opinó que hay una “enorme hipocresía en este proyecto de ley porque si hay algo que ha hecho este Gobierno es beneficiar a los monopolios”. “Es para esos monopolios que este gobierno está preparando una reforma laboral”, añadió y anticipó que su bloque presentaría dictamen de minoría.
También con un dictamen de minoría, desde el FpV-PJ el diputado Julio Solanas manifestó que el proyecto es un “instrumento absolutamente burocrático” que “crea cargos nuevos”, y apuntó en el “doble estándar” del Gobierno nacional, porque “una cosa se dice en el Congreso y en la práctica, hace otra”. Luego, Juan Cabandié criticó el “aspecto de la clemencia” al considerarlo “disparatado” e ironizó: “Estamos ante el momento de moda de los arrepentidos”.
En el final de la reunión, Sánchez recordó que el borrador que estaba en tratamiento había incluido las modificaciones propuestas por la oposición y aceptadas por el oficialismo. En esa línea dijo que las estructuras burocráticas “sí efectivamente se creaban” pero “se suprimieron”.
La iniciativa crea la Autoridad Nacional de la Competencia, como organismo descentralizado e independiente en el ámbito del Poder Ejecutivo, que estaría conformada por el Tribunal de Defensa de la Competencia, el titular de la Secretaría de Instrucción de Conductas Anticompetitivas y el titular de la Secretaría de Concentraciones Económicas.
A su vez, se prevén multas según tres criterios objetivos: el del monto del beneficio ilícito -la sanción podría ser hasta el doble-; el porcentaje de volumen de negocios del grupo económico; y multas de hasta 200 millones de Unidades Móviles (equivalentes a tres mil millones de pesos ajustables por IPC).
Otro punto importante es la creación de un Programa de Clemencia, que exime de sanción al primer integrante de un cartel que aporte las pruebas necesarias para detectarlo y sancionarlo; y reduce la multa entre el 20% y el 50% para algún otro miembro que aporte una prueba adicional.
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