El doctor Raúl Zaffaroni, a través de un reportaje, convocó a la “resistencia” contra el gobierno de Mauricio Macri. El exjuez de la Corte Suprema sostuvo: “Esto también va a pasar, como pasamos la dictadura, el menemismo, a Cavallo”.

Zaffaroni vuelve a demostrar que le queda muy grande el cargo de juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como le quedó grande el de juez de la Corte Suprema de la Argentina, porque -pese a su discutible erudición técnica – se dedica desde esas altas funciones jurisdiccionales a actuar en favor de una parcialidad política de un modo desembozado y rastrero. La resistencia se puede predicar respecto de dictaduras. En la democracia hay gobierno y oposición, que se reconocen recíprocamente legitimidad. Pero Zaffaroni no tiene claras esas distinciones, como queda en evidencia cuando equipara los gobiernos de Macri y de Menem con los de la última dictadura militar, aquella en la que fue juez y no osó asomar la cabeza para conceder hábeas corpus ni para denunciar las atrocidades que sucedían.

Esas declaraciones se inscriben en la línea fijada por Cristina Kirchner desde que su agrupación política perdió las elecciones presidenciales de 2015: negar la legitimidad del gobierno de Cambiemos. La ausencia de la expresidenta en el acto de asunción de Mauricio Macri fue el inicio de ese modus operandi, de magra cosecha en las urnas, como se vio hace pocos meses. Hablar de “resistencia” y asociar a Macri, aunque sea indirectamente, con la dictadura, es una nueva manifestación tendiente a deslegitimar a Cambiemos.

Este jurista, tan versado como versero, parece estar siempre incómodo en las funciones públicas a las que accede. Cuando fue legislador porteño, lo designaron presidente de su bloque, el del Frepaso, pero pocas veces concurría a las sesiones: prefería dedicar su tiempo a los viajes académicos. Algo similar le ocurrió más adelante en la Corte Suprema, pero en este caso sus ausencias no eran lo más grave, sino el inicio de una conducta que se fue consolidando a lo largo del tiempo y ya es ahora diáfana para todo el mundo: su condición de operador político al servicio del kirchnerismo. Ese sesgo se reflejó no solamente en sus votos, sino en numerosas declaraciones periodísticas y conferencias en las que se manifestaba abiertamente como soldado de una facción partidaria.

Mientras tanto, graves episodios que enturbiaban su figura de pope jurídico del mal llamado progresismo, como la revelación de un prostíbulo que funcionaba en uno de sus departamentos -en momentos en que crecía el repudio social a la trata de personas-, no mancillaban sus pergaminos a los ojos de los sedicentes progresistas. Al contrario, al conocerse esas denuncias, cuya veracidad nunca se puso en duda, se le realizó un pomposo acto de desagravio en la Facultad de Derecho. Se ve que la verdad, cuando afecta a ciertos personajes, es un agravio. Nada puede cuestionar el “relato”, que ahora se llama “posverdad”.

Su salida de la Corte Suprema ha sido muy beneficiosa para el alto tribunal, que ahora está integrado en su totalidad por juristas apegados a la eminente tarea de interpretar y aplicar el derecho vigente, antes que a crearlo según las cambiantes conveniencias políticas.

Esa es la buena noticia. La mala es que haya sido designado juez del tribunal regional de derechos humanos, que no gana en prestigio al estar integrado por quien ha resuelto hace muchos años dejar el camino del Derecho para convertirse en un vulgar operador político.

Con sus declaraciones demuestra que carece de independencia e imparcialidad, condiciones mucho más importantes que la erudición técnica para un magistrado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos necesita jueces, no lobistas.