Aunque la oposición le endilgue un abuso de la vía del decreto, el gobierno no ha podido usarlos con tranquilidad, pues siempre está a tiro de que la oposición los derogue. Varias veces tuvo que cambiarlos por proyectos.
Por José Angel Di Mauro
No la tuvo fácil nunca el gobierno de Mauricio Macri en el Congreso. Gobernar en minoría le hace doblemente complicada la vida legislativa. Ni siquiera las instancias creadas para saltear al Parlamento suelen resultarle viables a un oficialismo condenado a negociar todo o soportar hasta lo indecible las presiones de la oposición.
Atento a la experiencia al frente de la Jefatura de Gobierno porteña, muchos imaginaron que Mauricio Macri apelaría permanentemente a la vía del decreto desde el Ejecutivo Nacional. No fue así, ciertamente. No porque no quisiera, posiblemente, sino porque en realidad por diversas razones no ha podido avanzar con muchos decretos de necesidad y urgencia. En rigor, arrancó con uno muy polémico, cuando por esa vía decidió designar a dos jueces para la Corte Suprema de Justicia. Fue hace más de dos años y todavía se lo siguen facturando.
Tan errada fue la elección de esa vía para cubrir las vacantes del Tribunal Supremo, que Macri debió volver rápidamente sobre sus pasos para recorrer las instancias legales normales. Vale decir entonces que más de una vez tuvo que recular con los decretos, debiendo finalmente transformarlos en proyectos de ley. Fue el caso de las citadas designaciones de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti para la Corte; pasó también con la reestructuración de los feriados, que debió rever y hacerlo a través de una ley; o cuando modificó por decreto la Ley de ART, y terminó mandando el proyecto a extraordinarias, dado que la oposición se encaminaba a rechazar el decreto.
La Constitución nacional habilita al Presidente a legislar por la vía del decreto. El artículo 99 de la Carta Magna lo dice en su inciso 3, donde se aclara que “el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo”, pero establece que “solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia”. Es lo que han hecho todos los presidentes, en mayor o menor medida. Alfonsín fue el que menos veces usó ese recurso, apenas 10; Carlos Menem, en 10 años y medio, el que más (545). Néstor Kirchner no le fue en saga: 270 en apenas 4 años; su esposa Cristina Fernández firmó 76, con amplias mayorías en 6 de sus 8 años en el poder. Fernando de la Rúa rubricó 73 en sus fallidos dos años.
Hay un detalle que merece ser destacado: hubo que esperar doce años desde la reforma constitucional de 1994 para que el Congreso sancionara una ley que reglamentara el control de los DNU. Y fue nada menos que Cristina Kirchner la que se ocupó del tema, en su rol de senadora. Hasta entonces, los decretos no necesitaban pasar por el Parlamento. Pero la ley impulsada por la entonces primera dama no fue más que un traje a medida para todos los gobiernos, pues para derogar un decreto hace falta el rechazo de ambas cámaras; algo tan difícil que ningún gobierno lo sufrió. Es que ninguno como el actual Ejecutivo gobernó en minoría en ambas cámaras.
En su rol de hacer oposición sin dar tregua, el kirchnerismo decidió desde un primer momento que también trataría de trabarle los decretos a Cambiemos. Así, una de las primeras grandes polémicas legislativas del gobierno de Mauricio Macri fue por ese tema. Tres días antes de la Navidad de 2015 se reunió por primera vez la Comisión de Trámite Legislativo, que al cabo de una hora ni siquiera pudo constituirse. No pudieron ponerse de acuerdo en quién la presidiría: el oficialismo consideraba que le correspondía y no aceptó la oferta del Frente para la Victoria de hacer ese cargo rotativo, cediéndole a Cambiemos la titularidad por solo 6 meses.
Hubo fumata blanca en el mes de febrero, estableciendo que Cambiemos la presidiera durante un año y el kirchnerismo el siguiente. Integraron esa primera conformación los senadores oficialistas Luis Naidenoff y Angel Rozas, y los diputados de Cambiemos Nicolás Massot, Pablo Tonelli, Mario Negri y Luis Petri. Por el FpV estaban los diputados Marcos Cleri, Diana Conti y Juliana Di Tullio, y los senadores Mario País, Juan Manuel Abal Medina, Pedro Guastavino, Juan Manuel Irrazábal y Graciela de la Rosa. El massismo coló a Raúl Pérez y el Peronismo Federal a Adolfo Rodríguez Saá. Con solo 6 miembros sobre 16, Cambiemos encontró una cuesta empinada que le sería siempre muy difícil subir: la aprobación de los dictámenes.
Así fue que firmaron un dictamen contrario del decreto que modificaba la Ley de ART, pero el primer revés lo vivió en marzo de 2016, cuando el Frente Renovador no apoyó a Cambiemos y el kirchnerismo quedó en mayoría, pudiendo así rechazar el decreto que aumentaba el mínimo no imponible, pero alcanzando el impuesto a más personas. Hubo más: también la oposición logró bajarle el pulgar al decreto que creaba la Agencia Nacional de Discapacidad. Poco después hizo lo propio con el decreto 794/2017 por el cual se creaba la empresa Corredores Viales SA.
No obstante, el oficialismo se las arregló para evitar que esos temas llegaran al recinto y la oposición lograra propinarle un sonoro revés al oficialismo. La vez que más cerca estuvo de hacerlo fue el 12 de julio de 2017, cuando casi aprueban en el Senado el rechazo al decreto que eliminó los rembolsos a puertos patagónicos. Cuando la oposición se encaminaba a lograrlo y el oficialismo parecía resignado, una maniobra de Cambiemos logró lo impensado. Fue cuando Federico Pinedo, al finalizar su discurso, pidió una moción de orden para devolver el DNU a comisión, bajo la voluntad del ministro del Interior de retomar el diálogo con gobernadores patagónicos. Pero la votación no llegó a concretarse, pues varios legisladores del bloque mayoritario comenzaron a levantarse de sus bancas pensando que perdían la votación, entonces el radical Juan Carlos Marino, que estaba presidiendo, aprovechó para levantar la sesión por falta de quórum.
La oposición quedó con la sangre en el ojo, fundamentalmente los senadores patagónicos, y nunca el tema llegó a tratarse, acordándose finalmente avanzar con una ley para darle competitividad a los puertos de la región.
Pasadas las elecciones, Cambiemos logró asegurarse en la nueva constitución de la bicameral la mitad de los lugares en esa comisión. Y como el voto del presidente vale doble en caso de empate, aprobar todos los dictámenes, como sucedió este martes con el mega DNU.
Pero eso no es garantía de que en al menos uno de los dos recintos pueda imponerse, para validarlos. Así es que deberá seguir tratando de consensuar, negociar y negociar, para evitar un traspié inédito como el que podría darse en ese caso si le rechazaran ambas cámaras un decreto presidencial. Deberá seguir recorriendo esa cuesta empinada, al menos hasta que un eventual nuevo triunfo electoral le de la mayoría en una de las dos cámaras, y el blindaje que ahora ha alcanzado en la bicameral se traslade a uno de los recintos, y pueda respirar tranquilo.
