El Gobierno nacional propondrá tipificar como un “delito electoral” el clientelismo político, en el proyecto que buscará reformar la Ley 26.215, de Financiamiento de los partidos políticos, y que se estima será enviado al Congreso en el mes de marzo.

La iniciativa, trabajada desde hace meses por el secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez, la diputada Silvia Lospennato (Pro), el jefe de asesores presidenciales José Torello y especialistas; incluirá un capítulo para establecer las sanciones en el Código Electoral Nacional, según reveló La Nación.

El matutino informó que se fijarán penas de prisión “de seis meses a tres años e inhabilitación especial a cualquier ciudadano o dirigente político que ofrezca beneficios económicos a cambio de la participación en una actividad de campaña o de votar de una manera determinada”.

Además, se dispondrán “de uno a tres años de prisión e inhabilitación de seis meses a diez años para elegir y ser elegido en cargos públicos nacionales para los funcionarios estatales que destinen fondos públicos a apoyar o perjudicar a un candidato, que coaccionen o amenacen a empleados para que participen en actos de campaña y que condicionen la prestación de servicios a su cargo a la adhesión política”.

Por otra parte, la iniciativa establecerá la bancarización de aportes en dinero para campañas que se hacen en efectivo; se habilitarán aportes de empresas con topes de hasta el 2% sobre el total de los gastos permitidos para campañas; se creará un registro de ingresos y gastos en tiempo real en cuentas partidarias, con una plataforma electrónica administrada por la Justicia Electoral, entre otros puntos.