La senadora nacional Silvina García Larraburu presentó dos proyectos de ley con el objeto de profundizar su iniciativa, presentada en el inicio del año parlamentario, para que los funcionarios no puedan tener sociedades constituidas en el extranjero.

Uno de los proyectos propone “neutralizar” en el área pública la posibilidad de incurrir en conflictos de intereses, impidiendo el ingreso a la función pública a quienes hayan sido accionistas, socios o prestadores de servicios durante los últimos tres años, y a quienes gestionen, tengan una concesión, sean proveedores del Estado o realicen actividades reguladas por éste, siempre que el cargo desempeñado tenga competencia funcional directa.

Al respecto, la senadora señaló: “Resulta necesario impedir el ingreso a la función pública a quienes puedan incurrir en conflictos de intereses, ya que su presencia afecta la confianza ciudadana y genera una innecesaria sospechabilidad, incluso sobre los mecanismos para superarlos”.

“Lamentablemente, en los últimos dos años hemos observado diversas situaciones que pusieron en evidencia las disvaliosas consecuencias de los funcionarios dentro de situaciones de conflicto. Este escenario impone adoptar previsiones a los fines de transparentar la esfera pública”, añadió.

Por otra parte, la siguiente iniciativa busca impedir que los funcionarios del Gobierno inviertan y mantengan en el exterior activos financieros. “Frente a los constantes pedidos de inversión y/o de financiamiento externo, resulta inconsistente que los funcionarios del Gobierno demandante, inviertan y mantengan en el exterior activos financieros persiguiendo rentas que, incluso, son menos fructíferas que las locales”, señaló.

En este sentido, y con el objeto de no impedirle a su titular el acceso a la función, si éste cuenta con la idoneidad suficiente, se propicia un mecanismo para enajenar esos activos y nacionalizarlos de manera inmediata.