El PE busca extender vigencia de la emergencia en “Infraestructura” y “Administrativa”

Ambas emergencias fueron sancionadas en 2016 y extendidas, por decreto, su vigencia a todo el 2017. Ahora se vuelve a poner en consideración de los legisladores ambas normativas.

La gobernadora María Eugenia Vidal buscará a partir de este jueves, cuando sesione la Cámara de Diputados, conseguir una nueva prórroga de las emergencias en “infraestructura, hábitat y servicios públicos” y la “administrativa y tecnológica”.

Ambas emergencias fueron sancionadas en 2016 y extendidas, por decreto, su vigencia a todo el 2017. Ahora se vuelve a poner en consideración de los legisladores ambas normativas, que tendrán un año de vigencia, en un único proyecto de Ley, donde además se consigna que el Ejecutivo podrá prorrogar su vigencia por un año más.

Para ambos casos, el Ejecutivo reclama la extensión a los legisladores en el “supuesto de que las causales que justifican la emergencia persistan”.

“Se tornan necesarias las herramientas contempladas para seguir corrigiendo las falencias que llevaron al Estado a distanciarse de las necesidades de su población”, señala el proyecto y además asegura que todavía persiste “la crisis en las materas señaladas” y es necesario dar “respuestas urgentes”.

La Ley de Emergencia e Infraestructura, Hábitat y Servicios Públicos es la 14.812/16, la cual fue requerida en su momento por Vidal para acelerar las licitaciones y la puesta en marcha de las tareas. En ese entonces, una parte de la oposición denunció que se trataba de “un cheque en blanco” porque se flexibilizaban los controles y el oficialismo accedió a aprobar una comisión bicameral de seguimiento.

Casi en un calco de lo planteado para 2018, el año pasado, Vidal se basó en “lo dictaminado por Asesoría General de Gobierno, lo informado por Contaduría General de la Provincia y la vista del señor Fiscal de Estado” para mantener la emergencia porque, “pese a las acciones promovidas, persisten las causales que motivaron la sanción del régimen”.

En líneas generales, dicha emergencia reducía los plazos para que se expidan los organismos de control intervinientes y algunos se convertían en no obligatorios; reducía la exigencia de la publicidad de las obras, por ejemplo, exceptuaba su aparición en el Boletín Oficial; y daba un margen de hasta un 35% en el movimiento de los recursos al ente contratante.

En tanto, a través de la Ley 14.815 se establecía la “emergencia administrativa y tecnológica en el ámbito de la provincia de Buenos Aires”. En este caso, se buscaban las mismas facilidades que las reclamadas para las obras públicas pero para la compra de “bienes y servicios”.

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