En el arranque del debate sobre la despenalización del aborto, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez aseguró que “no existe ningún tipo de objeción” en la Constitución Nacional para avanzar con la legalización de esta práctica.

“Es posible desde punto de vista constitucional y convencional que una mujer pueda interrumpir el embarazo a las 14 semanas”, expresó el doctor. En este sentido, recordó que en la reforma constitucional de 1994, “la prohibición del aborto no fue un tema habilitado ni directa ni indirectamente”.

Mencionó que el debate sobre el tema sí comenzó a raíz de lo establecido en el inciso 23, del artículo 75, que reza: “Dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia”.

“Ese era un régimen de seguridad social, pero bajo ningún punto de vista era para prohibir el aborto”, señaló Gil Domínguez, que además agregó: “Desde el punto de vista convencional, no surge de los tratados sobre derechos humanos, con jerarquía constitucional, ni de los órganos que los interpretan y aplican, ningún tipo de prohibición con respecto a que un Estado pueda dentro de su legislación interna establecer ciertos sistemas de despenalización”.

Y continuó: “Es más, existen 14 sentencias, informes, observaciones generales, en donde los distintos órganos han establecido claramente que las mujeres deben tener acceso a abortos legales y que los Estados deben tender a despenalizar”.

Sobre esto, el abogado resaltó que en 2010 y en 2016 Argentina recibió “informes particulares” del Comité sobre los Derechos del Niño, en los que se expresa que “las mujeres, niñas y adolescentes tienen derecho a abortar” y que “el Estado argentino está obligado a despenalizar esta práctica”.

Gil Domínguez pidió entonces a sus colegas constitucionalistas que “no hagan pos verdad convencional” porque ésta “no se condice con la normativa ni las interpretaciones que han hecho estos órganos”. Consideró además que el derecho penal en este tema “ha fracasado”.