En octubre del año pasado Cambiemos se alzó con un fuerte triunfo electoral, que incluyó entre otros logros derrotar a Cristina Kirchner en la estratégica provincia de Buenos Aires. Entusiasmado con eso, el Gobierno de Macri planificó un 2018 de fuerte ajuste y traslado de recursos de los que menos tienen (clases medias, trabajadores, jubilados, pobres) a las grandes empresas y a los ricos. El primer gran paso en esa dirección fue la ley de Reforma Previsional, por la que se recortaban 100.000 millones de pesos a los gastos del ANSES, perjudicando a la clase pasiva y a los beneficiarios de la Asignación por Hijo.

La llevó el Gobierno al Congreso a dicha ley a mediados de diciembre, confiado en que la aprobaría sin mayores dificultades. Para pasar luego a tratar la de Reforma Laboral que afectaría directamente a los trabajadores en sus contratos y condiciones de trabajo, abaratando así la mano de obra a los empresarios.

Grave error, la respuesta social fue muy dura. Gravísimos enfrentamientos en el Congreso -entre otros motivos, por un Gobierno de derecha que piensa que la represión a la protesta es la mejor política- y caceroleos de los sectores medios por la noche. La imagen de Macri se derrumbó diez puntos.

Allí el presidente optó por dar un volantazo, consciente de que el apoyo con que cuenta en la sociedad no es tan extendido y sólido como para avanzar contra viento y marea con las recetas neoliberales. Decidió a fines de diciembre que el ajuste no sería tan brutal, sino “gradual”, abandonando las metas de inflación establecidas por el Banco Central. En buen romance, resolvieron que habría un poco menos de recortes en los gastos del Estado, un poco mas de actividad económica y, también, de inflación. Miraba sus posibilidades de reelección en el 2019 Mauricio.

Sin embargo, no estuvieron muy de acuerdo con este giro los grandes bancos ni las empresas multinacionales y locales -el famoso “círculo rojo” del poder económico-; que exigieron mantener, más allá del precio político, la estrategia de rápida concentración de recursos en sus manos.

Se podría decir que, en definitiva, es un sector más de la vida del país y que por ello el Gobierno decidió -a pesar de ser del mismo palo- no hacerle caso en esta oportunidad. Pero resulta que la propia estrategia gubernamental, de enorme endeudamiento, puso en manos de los grandes capitales como tantas veces en nuestra historia reciente una capacidad notable de poder moverle la alfombra a la actual administración.

Argumentan Dujovne, Peña, Caputo y compañía que tienen 50.000 millones de dólares en reservas como para responder a cualquier golpe de mercado. En realidad tienen solo 30.000 de libre disponibilidad. Pero no reside allí su debilidad principal: hay 60.000 millones de U$S de Lebac, en su enorme mayoría compradas por capitales especulativos. Basta que decidan no renovar una porción más o menos elevada de las mismas (son letras de corto plazo) para que todo tiemble. El central tuvo que vender por esa maniobra 7.000 millones de dólares de reservas en estos días, el 20% de las de libre disponibilidad. En concreto: le han concedido tremendo poder de fuego al gran capital -supuestamente amigo- para imponerle condiciones al propio Gobierno.

Días atrás vino la directora del FMI, Christine Lagarde, junto a otros funcionarios del organismo. Delicadamente y en privado, entre alabanzas, le dijeron a Macri que el cambio hacia el rumbo gradualista no era lo mejor. “Los inversores quieren tener la garantía de que habrá una continuidad en las políticas, que no habrá retrocesos de ningún tipo, para renovar su confianza en el país”, dijo la señora. A buen entendedor pocas palabras.

El viernes 4 de mayo anunció Macri que se disciplinaba al FMI. Que dejaba de lado el gradualismo y ya vería cómo resolvía lo de su reelección en medio de un nuevo ajuste, producto de disminuir el déficit a 2,7%, mantener a rajatabla el tarifazo, las tasas de interés al 40% y los salarios a la baja. Ajuste que van a sufrir, una vez más, la mayoría de los argentinos.