Los diputados Victoria Donda y Horacio Pietragalla, junto a la legisladora porteña Myriam Bregman, acusaron al magistrado ante el Consejo de la Magistratura.
Los diputados Victoria Donda (Libres del Sur) y Horacio Pietragalla (Frente para la Victoria-PJ), junto a la legisladora porteña Myriam Bregman, presentaron este jueves ante el Consejo de la Magistratura una denuncia por mal desempeño contra el juez federal de Esquel, Guido Otranto, debido a su accionar en la causa que investiga la desaparición forzada de Santiago Maldonado.
Los legisladores solicitaron a la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura que disponga la apertura del procedimiento de análisis de la actuación de Otranto y lo acuse frente al Jurado de Enjuiciamiento, debido a que lo hacen responsable de mal desempeño en los hechos que derivaron en la desaparición y posterior muerte de Maldonado.
Los diputados consideraron que su conducta, desde que decidió el primer desalojo en cercanías del paraje Leleque -cuando el artesano aún estaba con vida- hasta que fue apartado por la Cámara Federal de Apelaciones debido a su mal desempeño en la causa que investiga la muerte del joven, estuvo teñida de parcialidad y limitó el acceso a la verdad.
En la denuncia, Donda, Pietragalla y Bregman recuerdan que “el 24 de febrero de 2016 la comunidad Pu Lof Resistencia Cushamen realizaba un reclamo por la ocupación de tierras, interrumpiendo un tramo de la red ferroviaria, cerca de Leleque, en Esquel”.
“En función de dicha situación, el juez Otranto convocó a una mesa de diálogo, que interrumpió abruptamente y sin motivos al ordenar el 10 de enero de 2017 un desalojo a cargo de Gendarmería Nacional, en conjunto con la Policía Provincial de Chubut, que culminó en una cacería humana”, advirtieron.
Agregaron además que “dicho operativo fue llevado a cabo, entre otros, por Emmanuel Echazú, quien luego sería imputado por la desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado”.
Los legisladores señalaron que “el desalojo fue llevado adelante con una inusitada violencia por parte del personal de Gendarmería, que fue denunciada posteriormente por estos hechos, dando lugar a una investigación penal que, por razones de competencia territorial, recayó nuevamente en el Juzgado Federal de Esquel, a cargo del mismo Otranto, quien delegó la instrucción a la fiscal federal, Silvina Ávila, cuya secretaria letrada resulta ser ni más ni menos que la esposa de Otranto”.
El relato continúa: “Pese a estar perfectamente al tanto de su accionar el 10 de enero, el día 31 de julio el juez encomendó al Escuadrón 35 de Gendarmería un nuevo desalojo, esta vez de la Ruta 40, como resultado del cual desapareció y luego fue encontrado sin vida Santiago Maldonado”.
“Allí comienza otra serie de conductas plagadas de arbitrariedad por parte del magistrado, como haber permitido al secretario de Relaciones con los Poderes del Ministerio de Seguridad presenciar las declaraciones testimoniales tomadas; haber realizado tareas de inteligencia a la familia del joven; o haber adelantado en los medios de comunicación su opinión acerca de los hechos sucedidos, cuando aún la causa se encontraba en etapa probatoria, hecho que finalmente culminó en el apartamiento del juez ordenado por la Cámara Federal de Apelaciones”.
