Andrés Chambouleyron advirtió sobre el impacto de la eventual norma y pronosticó “acciones judiciales” contra el Estado nacional por parte de las provincias.
El titular del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Andrés Chambouleyron, aseguró que la eventual ley para limitar la suba de tarifas “sería únicamente aplicable en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires)” y “no aplicaría en las provincias”.
Invitado a exponer en el plenario de comisiones del Senado que analiza el proyecto -con media sanción- para retrotraer los valores de las tarifas de servicios públicos al 1ro. de noviembre de 2017 y regular los aumentos en base al índice salarial, el presidente del organismo resaltó que “cada provincia tiene su propio marco regulatorio y la Nación no tiene injerencia; cada provincia fija sus cuadros tarifarios”.
Profundizó entonces que con esta norma “se verían modificados los contratos de concesión de Edenor y Edesur, quedando el Estado nacional sujeto a eventuales acciones judiciales y generando una especie de inseguridad o zozobra jurídica”.
Asimismo, Chambouleyron precisó que el proyecto “beneficia solo a los usuarios de categoría R1 y R6, que consumen menos de 1.200 kWh/mes por bimestre o 600 por mes”, y subrayó que en las categorías seleccionadas en la iniciativa “se miró el cuadro tarifario de Edenor y Edesur y no el de las distribuidoras del interior”.
En su informe, el titular del ENRE advirtió que esta ley implicaría un “déficit adicional” para CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima) de 20 mil millones que “los tendría que poner el Estado nacional, es decir, todas las provincias de la Argentina, los riojanos, los cordobeses, los catamarqueños, los santafesinos, tendrían que poner de su bolsillo 20 mil millones adicionales para subsidiar el consumo en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires”.
En cuanto al impacto en las inversiones, estimó que esta norma destruiría “todo andamiaje institucional, contractual y regulatorio que estuvimos construyendo en estos dos años”. “Los ciudadanos de la Capital van a pagar un peso el kWh y en Córdoba y en Santa Fe, cuatro. Cuatro a uno sería la relación. Hoy obviamente es menos, es dos a cuatro”, insistió.
Por último, sostuvo que el proyecto “viola los contratos de distribución y transporte de electricidad de jurisdicción federal, alterando la interpretación y el cálculo de tarifas que hoy están en cabeza del ENRE por mandato parlamentario”. “Esta iniciativa aumenta la asimetría tarifaria entre Capital y el interior”, sentenció.
