El preámbulo de nuestra Constitución es la excelsa síntesis del programa de la nación. Como sus metas son ambiciosas, su vigencia es permanente, más allá de que pasen las décadas. Siempre habrá algo más por hacer para la unión nacional, para promover el bienestar general, asegurar la libertad, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común y otros inmensos fines que enuncia esa introducción de nuestra gran ley. Por ello, sus mandas nos obligan hoy como ayer. Es la Constitución la que nos impele a disponer de defensa nacional y de seguridad interior. No es, pues, faena de tal o cual gobierno, de este u otro régimen. Todos están -estamos- obligados a defender al país y dar protección y seguridad a sus habitantes.

En 1983 la dictadura militar entregó el poder a la democracia completamente fracasada. Empero, la democracia no supo o no pudo o no quiso construir una transición. El Juicio a las Juntas terminó desmañado por las leyes de punto final y obediencia debida y los indultos de los noventa sucumbieron con las ulteriores nulidades de aquellas dos normas y la reapertura de los juicios, sin punto final y sin obediencia debida que valgan. Con más búsqueda de la venganza que de la justicia, con más objetivo de revancha que de reparación. Aunque si hablamos de ésta, sólo en los noventa se erogaron tres mil millones de dólares en indemnizaciones. Y en el gobierno anterior se otorgaron pensiones vitalicias a los ‘combatientes’ civiles, que contrastan irritantemente con las que percibe, por ejemplo, la hermana del soldado Luna, asesinado en el ataque dominguero al Regimiento de Formosa, en 1975. Jovita Lidia Luna cobra ‘neto a pagar’ $286,31.

En este asunto de Defensa somos, como en otras áreas, adeptos a los vaivenes, enemistados de la mera idea de una estrategia sostenida y continuada. La democracia no es perita en transiciones, como parece inepta para los acuerdos, salvo el Pacto de Olivos. Ante flagelos lacerantes como la pobreza, la corrupción, la inflación, la ausencia de horizonte para el trabajo joven, el calvario de los jubilados, la democracia es incapaz -hasta ahora- de concordancias. Cada sector va a su juego. Falta a luces vista el juego común.

Para “proveer a la defensa común” llegó el tiempo de reconstituir las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas para disuadir ataques, persuadir a los eventuales agresores de que el país responderá sin cortapisas y proteger el territorio, los recursos, las vidas y los bienes de la Argentina y de los habitantes, ciudadanos y residentes bienvenidos.

Las amenazas e hipótesis de conflicto -que no son fantasmas, sino concretas y reales- hoy no se limitan a las agresiones estatales. Descartados afortunadamente los vecinos -con los que el desafío es profundizar la integración, en las antípodas de los diferendos-, la posibilidad de un ataque estatal extranjero es tenue. Empero, sí podemos ser embatidos por el terrorismo -narco o no-, el delito transnacional organizado -trata de personas, tráfico de órganos-, las pesca ilegal depredatoria -es un hecho-, el narcotráfico expansivo que es amo en el espacio aéreo, con aptitud para crear territorios donde se enseñorea -caso Orán-, los ciberataques, contrabando en gran escala de recursos vitales, estragos en el medio ambiente, entre otras acechanzas.

El decreto 727/2006 restringió hasta límites irracionales el rol de las FF.AA. y las hipótesis de agresiones y amenazas externas. Por eso, sin necesidad de enmendar la ley, con un nuevo decreto habrá que modificarlo, de modo de coordinar las funciones de Defensa y Seguridad. Deberán mantenerse los deslindes entre inteligencia interior y exterior y entre seguridad interior y defensa nacional, propiciando su interacción en el marco del concepto de “Seguridad Ampliada”. Ello en virtud de la comprobada conexión entre los delitos y amenazas en el interior del país con los de origen externo. En materia de Seguridad Interior, las Fuerzas Armadas brindarán exclusivamente apoyo logístico (Vigilancia Electrónica, Transporte Comunicaciones, Sanidad) e intercambio de información.

Lo principal es revalorizar a los militares en la democracia. El lapso de “luto y llanto” por la dictadura ya pasó con creces. Así como nadie imagina a Putin degradando a sus FF.AA. enrostrándoles los crímenes de Stalin o a Trump reprochando a las suyas las enormidades cometidas en Vietnam, en nuestro país terminó la estigmatización. Es hora de “proveer a la defensa común”, vale reiterarlo.

Los derechos humanos deben llegar a las FF.AA. para proteger a sus miembros. Desde 1986 murieron 78 militares por accidentes derivados de la obsolescencia del material, de lo cual el trágico hundimiento del San Juan es una flagrante prueba. Amparados, los militares protegerán nuestras vidas, libertad y bienes, sin perjuicio de que todo nuestro sistema institucional y plexo legal deben concurrir a esos supremos objetivos.

Es una grave irresponsabilidad política que las FF.AA. continúen debilitadas, que sean “fuerzas desarmadas”. No hay fundamento ideológico que incida y si lo hace habrá que ponerle fin.

Es verdad que son momentos de “vacas flacas”, pero las FF.AA. no pueden ingresar a la franja de los famélicos. Porque si fuere así, definitivamente la Argentina tendrá un porvenir tan incierto como de pobreza asegurada. La antítesis del programa preambular de la Constitución.

Obviamente, el gasto militar deberá -como todo el gasto público- racionalizarse y habrá que separar claramente la parte destinada a sueldos y mantenimiento del asignado a recuperar sus capacidades operativas, atendiendo al concepto contemporáneo de velocidad para actuar y medios electrónicos para la respuesta.

No se puede culminar esta nota de opinión sin recordar que para que el mandato de la ONU y de la cláusula transitoria primera de la Constitución -negociar la soberanía de las Malvinas y de todo el espacio insular y marítimo que abarca la grave cuestión con Gran Bretaña- la diplomacia necesita el respaldo de la defensa nacional. Igual que lo hace Londres con su Foreign Office.