Buscan regularizar el uso de peritajes psicológicos en hechos de violencia contra niños

La legisladora Gabriela Estévez presentó un proyecto para que se prohíba la utilización de diagnósticos mentales no nomenclados por el ámbito científico académico para desestimar delitos.

La diputada nacional Gabriela Estévez presentó un proyecto de resolución para que se prohíba la utilización del síndrome de alienación parental, y otros diagnósticos mentales o psiquiátricos no nomenclados, para desestimar hechos de violencia física, psicológica o social en niños o adolescentes.

La iniciativa propone específicamente la modificación de dos artículos del Código Procesal de la Nación que encuentra fundamento “en el preocupante uso y diagnóstico” de enfermedades desestimadas por el ámbito científico académico y la Organización Mundial de la Salud, como es el llamado Síndrome de Alienación Parental (SAP).

Advirtió la legisladora que, actualmente los argumentos derivados del S.A.P. son utilizados en intervenciones clínicas – jurídicas y/o judiciales para desestimar el relato de los niños y adolescentes que han sufrido violencia en general y sobre todo violencia sexual.

Estévez manifestó al respecto que “la violencia física, psicológica y social que ocasiona a las víctimas y allegados es de extrema gravedad. No hay dudas, además, del traumatismo y devastamiento subjetivo que genera particularmente la violencia sexual, sobre todo en la infancia. Sumado a ello, las dificultades que implica para cualquier adulto, más aún para un niño, develar un “secreto” de orden familiar y no ser escuchado una vez más”.

Con el siguiente proyecto se propone que los peritajes que se sucedan en los distintos procesos judiciales se remitan en sus diagnósticos a las nomenclaturas utilizadas en manuales reconocidos y avalados en la materia de salud mental (el DSM, publicado por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, y el CIE, publicado por la Organización Mundial de la Salud, en sus últimas versiones así como el PDM), evitando de esta manera el uso arbitrario de los peritajes psicológicos en perjuicio de cualquiera de los responsables parentales o de los niños y adolescentes violentados.

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